Rector Omar Mejía busca cargo en la Corte Suprema de Justicia.

Omar Mejía

El profesor de la Universidad del Tolima Alexander Martínez Rivillas puso en evidencia que la verdadera preocupación del rector Omar Mejía y su círculo político de apoyo, no es el buen manejo de la Universidad del Tolima, sino su aspiración a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Estas afirmaciones pueden corroborarse en las comunicaciones emitidas por el Consejo Superior de la Judicatura (ver: registro de candidatos y registro de preseleccionados).

Algunos miembros de la comunidad universitaria manifiestan que la prioridad del rector Omar Mejía es buscar un cargo que le represente un mayor poder político y mejores ingresos. En palabras del profesor Martínez Rivillas “mientras Mejía se implicó en un plan sistemático de clientelización y deterioro de la calidad académica de la UT, siempre ha tenido el interés capital de abandonar la institución. Situación compleja que tendremos que enfrentar nosotros, los que realmente tenemos un proyecto académico y científico en la institución”.

Otras fuentes manifiestan que las prioridades del rector de la Universidad del Tolima Omar Mejía, podrían estar coaligadas con la necesidad que tienen algunos actores políticos de la región para poder tener injerencia directa en las altas cortes. Frente al tema el profesor Alexander Martínez comentó que “el poder político implicado en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia es una obviedad. La “merlano política” se juega en su arena, lo mismo que algunas causas penales de políticos de la región podrían llegar a dicha Sala, empezando por Barreto, quien, al parecer, enfrenta dos procesos penales en la misma Corte Suprema (reporte de causas penales de la CS), y tiene vigentes otros procesos penales en el Tribunal Superior de Bogotá con radicación de 2020 y de 2021 (reporte de causas penales del TS), los cuales podrían llegar a la Corte Suprema”.

A través de cifras y fuentes independientes Martínez Rivillas corrobora que en la Universidad del Tolima se ha confeccionado un desastre académico y administrativo, pese al esfuerzo que la comunidad universitaria realiza a diario por mejorar la institución. Entre las irregularidades que evidencia el profesor Martínez se encuentra que la Universidad del Tolima “ocupa los últimos lugares en relación a indicadores de calidad e investigación en el grupo de todas las universidades públicas del país; que la UT es una de las instituciones que más catedráticos vincula para atender todo el volumen de horas lectivas; es una de las universidades con la peor distribución de sus recursos de transferencias e ingresos propios; el recientemente Estatuto General anula la democracia interna e impide el desarrollo de los estamentos estudiantil y profesoral, dado que las elecciones se cambiaron por meras consultas que terminaron hipertrofiando del poder del rector; la administración favorece prácticas corruptas en la contratación y la vinculación clientelar de su personal administrativo, entre otros graves asuntos”.

El Profesor Alexander Martínez denuncia que la mayoría de medios de comunicación hacen oídos sordos frente al desgreño administrativo y que “ni siquiera redactaron una nota que mostrara su preocupación sobre estos hechos”. Denuncia que la deuda de la gobernación, que supera los 100 mil millones de pesos, “es un asunto que los rectores de la Universidad del Tolima no han querido exigir y que el proceso administrativo del servicio educativo de la UT impacta negativamente la formación crítica, la democracia local, el fortalecimiento de emprendimientos asociativos y cooperativos, la eficiencia del desarrollo de la infraestructura básica, la ecologización de la producción agraria y agroindustrial y las medidas de mitigación de la crisis climática”.

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