Si Arabia Saudita quiere quedarse en el Consejo de Derechos Humanos tiene que empezar a respetar dichos derechos

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Dinamarca pronunció hoy, durante la 45° sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas una declaración conjunta interregional en nombre de 29 Estados[1] que expresaron su preocupación por la situación de los derechos humanos en Arabia Saudita.

Por: Elena Rusca (desde Ginebra)


“La sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, los periodistas y la oposición política aún enfrentan persecución, detención e intimidación. Lamentamos profundamente la detención continua de al menos cinco mujeres defensoras de los derechos humanos, detenidas en 2018. Reiteramos nuestro llamado a la liberación de todos los detenidos políticos y estamos particularmente preocupados por el uso de la ley antiterrorista y otras disposiciones de seguridad contra las personas que ejercen pacíficamente sus derechos”, declaró hoy el representante de Dinamarca ante el Consejo de Derechos Humanos.

“Seguimos profundamente preocupados por los informes de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y a los detenidos a los que se les niega el acceso a tratamiento médico esencial y contacto con sus familias. Recordamos las recomendaciones del Comité contra la Tortura al respecto. Nos oponemos firmemente a la pena de muerte, incluso contra menores y para delitos no violentos” siguió Dinamarca.

«La liberación inmediata e incondicional de las activistas por los derechos de las mujeres y defensores de los derechos humanos sería una prueba de fuego de la voluntad política del gobierno saudita para mejorar la situación de los derechos humanos”, sugerió también Salma El Hosseiny, por el International Service for Human Rights (ISHR), en el Consejo de Derechos Humanos.

En marzo de 2019, los Estados habían pedido la liberación de todos los detenidos por ejercer sus funciones fundamentales, incluidas diez defensoras de derechos humanos. Cinco de ellos han sido puestos en libertad provisional pero están todavía enfrentando varias acusaciones. Loujain Al-Hathloul, Nouf Abdelaziz, Samar Badawi, Nassima Al-Sadah, Mohammed AlBajadi y Miyaa Al-Zahrani siguen detenidos.

“En Arabia Saudita, me preocupa profundamente la continua detención arbitraria de defensoras de derechos humanos que han exigido que las mujeres de Arabia Saudita sean empoderadas para tomar sus propias decisiones, como iguales a los hombres. Deben ser liberados sin demora”, declaró la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, durante su actualización oral al Consejo el 14 de septiembre.

Las defensoras de derechos humanos sauditas han estado haciendo campaña que las mujeres sean tratadas como iguales a los hombres, incluido el derecho a conducir un automóvil y viajar al extranjero.

Arabia Saudita publicó enmiendas el 2 de agosto de 2019 para permitir que las mujeres obtengan pasaportes y viajen al extranjero sin permiso de sus tutores varones, otorgar a las mujeres el derecho a registrar matrimonios, divorcios, nacimientos y defunciones, para obtener registros familiares y beneficiarse de nuevas protecciones contra la discriminación laboral.

Sin embargo, las mujeres sauditas todavía deben obtener la aprobación de un tutor masculino para casarse o ser liberado de la prisión o los refugios donde han buscado protección de abuso o violencia doméstica.

En junio de 2019, la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales y sumarias, Agnes Callamard, presentó al Consejo su investigación que encontró al Estado de Arabia Saudita responsable de la ejecución premeditada del periodista saudí Jamal Khashoggi, y concluyó que “aquellos que ordenaron las ejecuciones no sólo caminan libres sino que apenas han sido tocadas por la investigación y el juicio”.

En las responsabilidades del Estado saudí, Agnes Callamard había identificado en su informe[2]:

  • La muerte del Sr. Khashoggi constituyó una ejecución extrajudicial de la que es responsable el Estado del Reino de Arabia Saudita. Su intento de secuestro también constituiría una violación del derecho internacional de los derechos humanos. Desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, la responsabilidad del Estado no se trata, por ejemplo, de cuál de los funcionarios estatales ordenó la muerte del Sr. Khashoggi; si uno o más ordenaron un secuestro que fue chapucero y luego se convirtió en un asesinato accidental; o si los agentes actuaron por iniciativa propia o ultra vires.
  • El asesinato del Sr. Khashoggi constituyó además una violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (en adelante VCCR) y de la prohibición del uso extraterritorial de la fuerza en tiempo de paz (derecho consuetudinario y Carta de la ONU). Al matar a un periodista, el Estado de Arabia Saudita también cometió un acto incompatible con un principio fundamental de las Naciones Unidas, la protección de la libertad de expresión. Como tal, se puede argumentar de manera creíble que usó la fuerza extraterritorialmente de una manera «incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas».
  • Las circunstancias del asesinato del Sr. Khashoggi pueden constituir un acto de tortura según los términos de la Convención contra la Tortura, ratificada por Arabia Saudita. Por último, el homicidio del Sr. Khashoggi también puede constituir hasta la fecha una desaparición forzada ya que no se ha establecido la ubicación de sus restos.

Si bien los Estados también acogen con satisfacción algunas medidas positivas adoptadas por Arabia Saudita con respecto a la flagelación, la muerte y los derechos de las mujeres, 32 ONG habían destacado en una carta conjunta cómo las medidas no son auténticas.

“Reiteramos que la membresía del Consejo viene con la expectativa de defender los más altos estándares en la promoción y protección de los derechos humanos. Los miembros deben esperar escrutinio público de su historial de derechos humanos. En su calidad de candidato al Consejo, hay que instar a Arabia Saudita a respetar los más altos estándares de derechos humanos y cooperar plenamente con dicho Consejo y sus Mecanismos” concluyó Dinamarca.

 

[1] Australia, Bélgica, Canadá, Costa Rica, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania, Islandia, Irlanda, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Islas Marshall, Mónaco, Montenegro, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Perú, Portugal, Eslovenia, Suecia, España, Suiza y Reino Unido.

[2] https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24713&LangID=E

 

Informó: Elena Rusca, desde Ginebra

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