EL NUEVO GOBIERNO, ENTRE LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y EL CAMBIO POLÍTICO. SIGNIFICADOS Y DESAFÍOS

Por: Hernán Darío Correa


El significado del voto por el gobierno del Pacto Histórico, y del Acuerdo Nacional por el cambio.

El país votó por la izquierda, en pos de la transformación social y política, pero también votó por el cambio, como anhelo de recomponer los desmadres de la unión de política y negocios, es decir, de la corrupción…  Y estos hechos, junto con las grandes movilizaciones de los últimos años, incluido el llamado “estallido social”, han empezado a remover los grandes factores de poder dentro del régimen político existente, así se mantenga entero en medio de las fisuras y desgastes generados por los extremos a que se ha llegado en cuanto a violencia sobre la naturaleza y la sociedad, y a la desigualdad social y territorial, junto con las crisis de legitimidad y representación dentro de la peculiar democracia colombiana, ahora también remecida por el relevo gubernamental y los significativos cambios en la composición parlamentaria.

Esa particular combinación de procesos y factores políticos, genera una débil gobernabilidad del Pacto Histórico, evidenciada en estos días por los nubarrones que ya ha empezado a cernirse sobre el horizonte del gobierno y del congreso, en torno a debates de fondo sobre los huesos duros de roer del régimen político, atados al poder financiero y de las multinacionales alrededor de las reformas del congreso, el régimen  pensional y el sistema de salud, la transición energética, el desarrollo del acuerdo de paz y la paz completa, la seguridad humana, la soberanía y seguridad alimentarias, entre otros aspectos; y por la inminente tensión entre las expectativas de las clases altas y medias, y de los sectores campesinos andinos del centro y nororiente del país, que apenas votaron por el cambio o contra la alternativa de izquierda, y los anhelos de las poblaciones de los territorios profundos y de los sectores populares de las grandes ciudades del país que lo hicieron por la transformación social, y el limitado campo de acción del nuevo gobierno, si además se mira la precariedad de las finanzas públicas devastadas por el gobierno saliente y enfrentadas a las difíciles condiciones de la coyuntura mundial.

Todo eso está aconteciendo sobre unos dolorosos procesos sociales de cambio de época, plagados de violencia y de exacerbación de emocionalidades primarias, y al mismo tiempo de nuevos aires que han venido dando un evidente pero extraño respiro a quienes la han dicho basta al régimen y al gobierno saliente.

Dichos procesos se configuran como tales a partir de varios aspectos:

a) El país real ha entrado de lleno en el país formal, iniciando un proceso de sustitución de relevos de élites en el congreso y el gobierno, por la representación directa de líderes sociales, territoriales y ambientales en esos espacios;

b) las dinámicas de la globalización y de la geopolítica regional han demarcado límites objetivos a la economía primaria exportadora y financiera, por los cada vez más evidentes riesgos ambientales de la crisis climática, la insostenible desigualdad, y las aguas crecidas y el río revuelto de los actores armados del narcotráfico, y de las dos últimas guerrillas políticas de las nacidas en los años 60 del siglo pasado, el Eln y las disidencias de las Farc;

c) La ya mencionada y profunda crisis de representación y legitimidad política a todo lo largo y ancho del régimen político, especialmente de los partidos, tal vez con la excepción de los grandes gremios económicos, los cuales se han convertido en el obscuro, pero cada vez más evidente fiel de la balanza de la derecha.

d) La devastación de las mediaciones populares causadas por los asesinatos de líderes, el desplazamiento de comunidades enteras, y las reorganizaciones territoriales forzosas impuestas por los megaproyectos durante las últimas décadas; las cuales son vitales para tender puentes entre las reivindicaciones territoriales y sociales, y las agendas de las políticas públicas, y para configurar poderes de transformación social y ciudadana más allá de las resistencias comunitarias territoriales.

e) Unas luchas sociales y ciudadanas masivas y abiertas cada vez más fuertes desde el año 2005, pero con enormes fragilidades e inestabilidades, y enfrentadas a un cruel y cínico régimen político mafioso, autoritario y violento, en el cual solamente en el último año 130 líderes sociales han sido asesinados, varias decenas de líderes de las primeras líneas del llamado estallido social asesinados y mutilados, y más de 400 encarcelados. Con ello se ha buscado represar o impedir la formalización y reconocimiento de cambios culturales inatajables en asuntos como el derecho a la protesta social y ciudadana, al aborto, la libre sexualidad y desarrollo de la personalidad, la superación del racismo, el patriarcalismo, la misoginia y la violencia contra la mujer, los derechos étnicos y territoriales, etc.

f) El avance de la revelación del carácter mafioso, asesino, corrupto, despojador, mentiroso y delictivo de la mayor parte de las élites dominantes y de algunas instituciones públicas y privadas, por parte del trabajo del Grupo de Memoria Histórica, los desarrollos de la ley de Víctimas y de las sentencias judiciales asociadas, el informe de la Comisión de la Verdad, y el ejercicio de la jurisdicción especial de paz, JEP.

g) El profundo desgaste del uribismo, dentro del cual el desgobierno de Duque ha sido al mismo tiempo el síntoma y la causa final de los límites del régimen político dominante durante los últimos veinte años. Signos de ello son la ausencia de relevo generacional de su dirigencia, los desvaríos de su caudillo, y la cada vez mayor evidencia de su ilegitimidad, su cinismo y la voracidad económica de sus socios.

h) Los conflictos sociales y ambientales han empezado a ocupar el lugar predominante que ha tenido el conflicto armado especialmente durante los últimos treinta años, y en ello han sido fundamentales los procesos territoriales y las movilizaciones sociales y ciudadanas a partir del 2005, y las perspectivas abiertas por el Acuerdo de Paz.

i) Desde el estallido social y en las recientes elecciones, se le ha visto la cara a una profunda recomposición demográfica intergeneracional, en la cual la juventud ha sido esencial: los casi nueve millones de jóvenes entre los 18 y los 28 años el país son cada vez más ilustrados, y al mismo tiempo más excluidos por el modelo financiero de desarrollo basado en exportaciones de bienes primarios, que no genera empleo; y además, son hijos de los ocho millones de víctimas de los últimos treinta años de violencia, y crecieron refugiados en los barrios marginales de las grandes ciudades, como víctimas y al mismo tiempo testigos de la hegemonía del régimen uribista, pero también partícipes de la irreductible resistencia de sus mayores, especialmente madres solas ante la muerte violenta de sus hombres.

Por ello, esos jóvenes son sujetos de una condición cultural que se ha hecho evidente en el último año, que se reveló como uno de los elementos principales del llamado “estallido social”: son una generación que ha dejado atrás la lógica del no futuro que caracterizó a la que emergió durante los años 80 del siglo pasado, cuyas manifestaciones de acciones colectivas como movimiento estudiantil desde el 2005, y como primeras líneas en las  movilizaciones del 2021, estuvieron plagadas de emociones alegres y festivas, e inmersas en un juego de solidaridades familiares y vecinales que se auto-designaron como primeras, segundas y hasta quintas líneas, en las cuales se recrearon formas colectivas de identidad territorial, e imaginarios de transformación social alrededor de asuntos como el buen vivir, la acción pública más allá del miedo, la universidad y la escuela a la calle, el cambio del modelo de desarrollo vigente, y la apropiación de los espacios públicos para el ejercicio de ser social territorial, que contribuyendo al evidente cambio político que se ha impuesto contra viento y marea.

Allí, en esos vasos comunicantes entre épocas, sectores y territorios del país, se han generado confluencias de opinión entre sectores medios y populares de las grandes ciudades, y campesinos, indígenas y afrocolombianos de las tierras bajas del país (Pacífico, Caribe, Amazonia y Orinoquia), en el cual los jóvenes, el 23% del censo electoral, marcaron una doble derrota histórica al régimen dominante: la reducción del abstencionismo a un 42% del potencial electoral, invirtiendo la tendencia histórica del mismo, y la elección de una fórmula presidencial y vicepresidencial como la de Gustavo Petro y Francia Márquez, líderes el primero de la izquierda más formal, y la segunda símbolo de los liderazgos sociales, étnicos y ambientales de los últimos cuarenta años, hasta el punto de que el millón y medio de votos que se conquistaron entre la primera y la segunda vuelta, contaron con un alto componente del voto juvenil.

Los grandes desafíos.

En el anterior escenario es donde se perfilan las potencias, pero también las fragilidades del triunfo electoral, y la configuración del nuevo gobierno; y donde se puede empezar a explicar el tránsito vertiginoso desde el Pacto Histórico como un frente común popular por la transformación, hacia el Acuerdo nacional por el cambio, como una confluencia amplia de sectores políticos. Y donde se explican las primeras dinámicas del nuevo congreso, debatido entre seguir siendo oposición (léase la lógica de sus válidas protestas ante la mentirosa alocución del presidente saliente el 20 de julio pasado), y asumirse como mayoría y en sintonía con el ejecutivo en pos de las reformas, para no señalar sino dos aspectos protuberantes…

En ese panorama histórico, político y social, el nuevo gobierno afronta grandes retos:

-Avanzar en lo prospectivo de las reformas, para transformar y superar los hilos de la desigualdad, la injusticia social, la paz y la insostenibilidad ambiental, como propósitos explícitos del programa de gobierno;

Recomponer la desinstitucionalización mafiosa del Estado, la privatización de lo público y la violencia, que se expresan bajo la forma de la corrupción, pero van más allá de la misma, en tanto se han convertido en un verdadero régimen de acumulación de capital ligado a la caza de las rentas del Estado por parte de los grandes grupos económicos.

Gobernar con el pueblo, y asumir políticas públicas de recuperación y fortalecimiento de las organizaciones populares, campesinas y ciudadanas, sobre la base de la fuerza juvenil y de las resistencias sociales y territoriales y ciudadanas, en torno a las reformas y transformaciones propuestas.

-Impulsar y apoyar políticas culturales en torno a recuperar factores de opinión y del pensamiento crítico en el país, empezando por evitar la cooptación de los liderazgos sociales y de las ongs de derechos humanos y ciudadanos por parte de las nuevas instituciones gubernamentales y del congreso.

-Sustituir y/o superar la postración de los medios masivos de comunicación ante los grandes grupos económicos, y del campo intelectual, empantanados en las lógicas tecnocráticas y/o en las ideas más básicas sobre el mercado y el desarrollo, heredadas de décadas de dominio neoliberal en las universidades y en los espacios del ejercicio profesional de las ciencias sociales y económicas.

-Superar la extrema personalización de las direcciones de los sectores políticos, que en casi todos los casos se configura bajo el caudillismo, el asistencialismo y el clientelismo, como herencia de los dispositivos de dominación de la derecha durante al menos cuarenta años.

En este último sentido, conmueve en medio de la incertidumbre, y al mismo tiempo alienta y alimenta la esperanza, la invitación del nuevo Presidente y de la nueva Vicepresidenta, a ser acompañados en la ceremonia de su posesión por grandes movilizaciones ciudadanas en torno a eventos culturales en todo el país transmitidos por medios y circuitos locales de televisión, rompiendo simbólicamente con los tradicionales y solemnes rituales elitistas de la asunción del poder político por parte de los agentes del país formal.

 

 

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