El Consejo de Estado tendrá la última palabra en el proceso de perdida de investidura que enfrenta el diputado Renzo García.

Por: Andrés Zambrano/ Abogado, Especialista en Gobierno y Gestión Pública

El demandante Sergio Alberto Castillo Gómez presentó recurso de apelación ante la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo del Tolima, en la que negó la perdida de investidura del diputado García

Con ponencia del Magistrado Luis Eduardo Collazos, la sala plena del Tribunal Administrativo del Tolima en sentencia del 09 de septiembre de 2021 negó la solicitud de perdida de investidura, por considerar que no se cumplieron los requisitos necesarios para la configuración de esta, entre los cuales, porque no existió la materialización del interés directo, particular y concreto, es decir, no se evidenció el nexo entre su beneficio o provecho, con la toma de alguna decisión.

Sí bien es cierto, el Consejo de Estado tiene la última palabra frente al caso, se podría augurar que el resultado será el mismo, pues no existen fundamentos que logren configurar las causales para que se dé la perdida de investidura. En el recurso de apelación se observa que el demandante no adicionó o sustentó argumentos diferentes a los que ya había expuesto en el escrito de la demanda.

También vale la pena resaltar que la procuraduría respaldo los derechos del Diputado de oposición y que el fallo de primera instancia fue unánime por parte de la sala plena del Tribunal Administrativo del Tolima.

En conclusión, podría afirmar que el fallo que emitirá el Consejo de Estado ratificará la protección de los derechos políticos y de oposición del diputado, así como los derechos democráticos de las casi 12.000 personas que votaron para que Renzo García fuera quien les representara en la Asamblea Departamental.

Finalmente, deberíamos preguntarnos quién o quiénes están detrás de esta demanda, cuál es el interés real de desgastar el papel del diputado de oposición y por qué quieren negarles a los sectores ambientalistas y alternativos llegar a estos espacios de control político.

Se espera que en las próximas semanas el Consejo de Estado se pronuncie sobre este caso.

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