El diputado expresó que tiene dudas frente a la legalidad de la ordenanza.
En un duro debate a los Proyectos de Ordenanza 019, 021 y 022 de 2020, el diputado Renzo García presentó oficio de rechazo al proyecto de ordenanza No. 024 del 04 de septiembre de 2020 «por medio del cual se incorporan unos recursos en el presupuesto de ingresos y gastos del departamento del tolima vigencia 2020, para la ejecución de los proyectos de fortalecimiento de los procesos de la gestión de riesgo de desastres y el fortalecimiento a los procesos de emprendimiento y educación ambiental en el departamento del tolima», por considerarla inconveniente para los tolimenses.
El diputado argumentó que existen incertidumbres en varios temas. “Tengo dudas sobre la legalidad que pueda tener la ordenanza en relación al tema de la gestión del riesgo de desastres, dado que este componente es exiguo y no evidencia cómo se logrará la reducción del riesgo en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo”. Manifestó.
“Es importante señalar que los beneficios propuestos solo llegarán al municipio de Ibagué, dejando por fuera los restantes 46 municipios del departamento del Tolima”, agregó.
García además expresó que los proyectos alrededor de la gestión del riesgo de desastres deben tener orientaciones más técnicas y precisas, que permitan priorizar las inversiones y garantizar, de manera equitativa, la atención y acompañamiento del estado a las comunidades bajo amenazas naturales, geológicas e hidrológicas y las amenazas socionaturales.
“Es indispensable que estos proyectos adopten el enfoque por procesos como una herramienta metodológica, la cual permite darle continuidad al conocimiento del riesgo, la reducción del mismo y eventualmente el desarrollo de un adecuado manejo del desastre”, dijo García.
Y agregó que “Se requiere de una visón que permita implementar una gestión transversal, que incluya las competencias y actividades que normalmente se encuentran separadas y enclaustradas en cada una de las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo en el nivel territorial”.
“El proyecto de ordenanza se amarra a un convenio que tiene un costo total de 3.779.599.375, de los cuales la gobernación aporta el 40%. (1.500 millones de pesos). Cortolima será la institución encargada de la ejecución. El porcentaje y costo por cada actividad es”:
| Actividad a desarrollar | Costo | Porcentaje | Unidad de medida |
| Construir obras de bioingeniería | 514.065.035 | 13.6% | Obras |
| Realizar asistencia técnica para la implementación de la estrategia | 316.320.000 | 8.3% | Unidad |
| Realizar campañas de sensibilización y educación ambiental | 882.159.766 | 23.3% | Campañas |
| Realizar campaña de limpieza y recolección de residuos sólidos | 1.316.489.404 | 34.8% | Campañas |
| Realizar campañas de revegetalización | 750.565.170 | 19.8% | Campañas |
Así mismo, expuso que las denominadas obras de bioingeniería tan solo representan un 13.6% del total del proyecto. “Aunque estas obras son las llamadas a garantizar la protección de la vida de las familias que viven sobre zonas de riesgo, bien sea por ocupación de los territorios del agua (cauces, rondas hídricas) o zonas de remoción en masa, en la lógica del proyecto, su porcentaje de participación presupuestal es exiguo y además dejan por fuera actividades de reubicación de las personas y familias que viven en riesgo inminente por estos temas”, siguió el diputado.
“Es injustificable que un proyecto que contiene un componente formativo que representa cerca del 80% no tenga claro los asuntos curriculares y los objetivos académico-pedagógicos que subyacen en los procesos de la educación ambiental”.
“El proyecto adolece de una descripción metodológica y relacional de las “jornadas socioambientales” con los proyectos Ambientales Escolares (PRAES) y Ciudadanos (PROCEDAS). Siendo un proyecto con un alto contenido educativo, no se entiende porque no reportan profesionales en educación en ninguna parte, no sé si baste con la orientación del equipo socioambiental de Cortolima”, agregó.
García señaló que los proponentes desconocen que los procesos de educación ambiental requieren de componentes formativos de alta calidad, dispositivos didácticos, pedagógicos y conocimientos de expertos en el área de las ciencias ambientales. Dijo además que la unidad de medida que se contempla para evaluar las “jornadas socioambientales” se pueden cumplir con cualquier cosa.
“En este punto, más allá de las firmas de asistencia al proceso de capacitación se debería precisar el impacto social que se quiere lograr, explicitar las competencias académicas que van a apropiar las comunidades y los cambios educativos y culturales que persigue el proyecto”, dijo el diputado.
“En el documento inicial del proyecto de ordenanza se evidenció una falta de relación con los costos unitarios por cada jornada socioambiental y en la respuesta a la inquietud manifestada sobre el tema, se evidencia la inconsistencia del costo de valor de los “Materiales Permanentes para talleristas”. En la tabla de categoría de inversión el costo es de 440.000 y en la tabla que describe uno a uno los costos de los materiales permanentes el valor es de 450.000. Estas inconsistencias presupuestales en cualquier proyecto son inadmisibles”, siguió el diputado.
De igual manera, García mencionó que como diputado del departamento del Tolima tiene el deber y la responsabilidad de exigir una mayor planeación en el ejercicio de la administración pública y de la misma manera exhortar al gobierno departamental a optimizar al máximo los pocos recursos públicos con los que regionalmente se cuentan.
“En el primer debate de plenaria de la asamblea departamental vote NO al proyecto de ordenanza No. 024, dado que consideré que el mismo era inconveniente por no ayudar a resolver de manera rigurosa los problemas de los tolimenses en relación a la temática de la gestión de riesgos de desastres, la educación y conservación ambiental”, expuso el diputado.
“Hoy, después de leer con detalle el proyecto e interlocutar con la Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo, considero que no cuento con los elementos necesarios para poder proyectar un informe positivo del proyecto de ordenanza”, agregó.
El diputado concluyó su intervención argumentando que las respuestas aportadas por la administración departamental habían sido evasivas y no le permitieron absolver las inquietudes planteadas. “Desde esta perspectiva y en atención a todos los puntos anotados anteriormente, me permito recomendar un ajuste estructural al proyecto de ordenanza”.
