Con el objetivo de que se declare la nulidad de tres contratos de concesión minera registrados en 2007, y que continúan vigentes en Cajamarca, la Corporación Cajamarca Despensa Hídrica y Agrícola, promotora de la consulta popular en Cajamarca, interpuso una demanda representada por el Centro de Estudios Tierra Digna.
Es importante mencionar que, los demandados son, la Agencia Nacional de Minería y la empresa Anglo Gold Ashanti y que ese litigio avanza en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
“Esta acción jurídica hace parte de un contexto de disputa legal en el que se encuentran las consultas populares en el país, ya que si bien se votaron unas consultas que hoy día son válidas, sus resultados no han sido reconocidos por las autoridades de orden nacional, justamente porque siguen existiendo concesiones mineras en esos territorios que ya le dijeron no a la minería”, explicó Vivana Tacha, codirectora de Tierra Digna.
Dentro de los principales argumentos que traen a colación los demandantes está que existe una violación al mandato superior expresado mediante la consulta popular del 26 de marzo del 2017, en la que el 97% de los ciudadanos cajamarcunos prohibió las actividades mineras en su territorio.
Sobre la acción jurídica se sabe que se trata de una demanda que se denomina “medio de control de controversias contractuales”, figura que aplica para este caso debido a que en el momento en el que se firmaron los contratos de concesión minera era lícito explorar y explotar minerales en Cajamarca, sin embargo, este panorama legal cambió con la consulta popular, la cual convirtió en ilícitos contratos mineros en el territorio, así como cualquier actividad minera.
La consulta popular, realizada en marzo de 2017, cumplió con todos los requisitos legales y constitucionales, actualmente se encuentra en firme y, por ende, sus resultados tienen efectos obligatorios. La consulta popular de Cajamarca fue de iniciativa ciudadana y durante ese ejercicio democrático la comunidad se movilizó por la defensa de su soberanía y de la vida campesina.
“Luego de la consulta popular en Cajamarca, lo que esperan las comunidades es que no se desarrolle el proyecto minero La Colosa, pues más allá de lo que pueda decir el Gobierno Nacional la consulta se debe respetar porque hace parte de la ruta que siempre hemos seguido, donde cada acción se ha realizado en el marco de la ley, por eso confiamos en que la justicia avalará lo que ya se decidió en las urnas y a través de la consulta popular”, manifestó Robinson Mejía, integrante del Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca y Anaime.
Por su parte, Viviana Tacha agregó: “Esta demanda busca garantizar que se respete la voluntad de los campesinos que en la consulta dijeron no a las actividades mineras en su territorio. En esta acción las comunidades de Cajamarca, además, le están exigiendo a los jueces y al Estado que las tengan en cuenta en todos los tramites que tienen los proyectos mineros ya que los contratos de concesión minera no solo afectan a las partes de los contratos, que en este caso son Anglogold Ashanti y la Agencia Nacional Minera, sino que afectan sobre todo los territorios y las comunidades donde esos contratos se van a ejecutar”.
