La nueva Ley de Seguridad Nacional hace mucho ruido. La jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, la defiende durante la abertura de la 44ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, mientras la Oficina de Derechos Humanos de la ONU continua monitoreando de cerca los desarrollos en curso.
Por Elena Rusca (desde Ginebra)
«Se necesita urgentemente una legislación y garantías de seguridad nacional. Desde el pasado junio Hong Kong vive traumatizada por la escalada de violencia alentada por fuerzas externas», dijo la jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, al exponer por videoconferencia su posición en la sesión inaugural del 44º periodo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
La Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, oficialmente la «Ley de la República Popular de China sobre Salvaguardar la Seguridad Nacional en la Región Administrativa Especial de Hong Kong», es una legislación sobre seguridad de Hong Kong. En su artículo 23 estipula que la ley debería haber sido promulgada solo por Hong Kong sin ningún otro aporte; en teoría, está diseñada para evitar la interferencia en los asuntos territoriales de Hong Kong.
“Estamos en el proceso de analizar el contenido de la nueva Ley de Seguridad Nacional con mucho cuidado en términos de su cumplimiento con las obligaciones internacionales de derechos humanos aplicables a la Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK)”, se expresó, durante una conferencia de prensa, el portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. “Nos alarma que ya se estén realizando arrestos bajo la ley con efecto inmediato, cuando no hay información completa y comprensión del alcance de los delitos”.
“En un análisis preliminar, nos preocupa que la definición de algunos de los delitos contenidos en la ley sea vaga y demasiado amplia. Esto puede conducir a una interpretación y aplicación discriminatoria o arbitraria de la ley, lo que podría socavar la protección de los derechos humanos. Es esencial que los delitos creados en virtud de la legislación de seguridad nacional cumplan con el principio de legalidad, consagrado en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, siguió el portavoz.
Declaraciones opuestas.
El tema de la Ley de Seguridad Nacional abre hacia un largo debate y divide en dos el Consejo de Derechos Humanos.
Dos declaraciones opuestas reúnen y dividen, una vez más, los Países “alineados” de los “no alineados”.
Australia, Austria, Bélgica, Belice, Canadá, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Islandia, Irlanda, Alemania, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, la República de las Islas Marshall, el Reino de los Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Palau, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Suiza y el Reino Unido exhortan al Alto Comisionado por los Derechos Humanos de impedir la promulgación de la ley.
“La Declaración Conjunta, un tratado legalmente vinculante, registrado en las Naciones Unidas, establece que a Hong Kong se le garantiza un alto grado de autonomía y derechos y libertades, incluidos los de la persona, la prensa, la reunión y la asociación, y que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) permanecerán en vigor. Estos derechos también están garantizados en la ley básica de la Región Administrativa Especial de Hong Kong”, declaran estos Países. “Instamos a los gobiernos de China y Hong Kong a reconsiderar la imposición de esta legislación y comprometer al pueblo, las instituciones y la judicatura de Hong Kong para evitar una mayor erosión de los derechos y libertades que el pueblo de Hong Kong ha disfrutado durante muchos años”.
Por otra parte, China, Antigua y Barbuda, Bahrein, Bielorrusia, Burundi, Camboya, Camerún, RCA, Comoras, Congo, Cuba, RPDC, Yibuti, Dominica, Egipto, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Irán, Iraq , Kuwait, Laos, Líbano, Lesotho, Mauritania, Marruecos, Mozambique, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Níger, Omán, Pakistán, Palestina, Papua Nueva Guinea, Arabia Saudita, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sri Lanka, Sudán, Surinam , Siria, Tayikistán, Togo, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela, Yemen, Zambia y Zimbabwe presentan otra declaración, respaldando la ley.
“La no injerencia en los asuntos internos de los Estados soberanos es un principio esencial consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y una norma básica de las relaciones internacionales. En cualquier país, el poder legislativo sobre cuestiones de seguridad nacional recae en el Estado, que en esencia no es una cuestión de derechos humanos y, por lo tanto, no está sujeto a discusión en el Consejo de Derechos Humanos”, afirma la declaración de los Países “no alineados”.
“Creemos que cada país tiene el derecho de salvaguardar su seguridad nacional a través de la legislación, y encomiamos las medidas relevantes tomadas para este propósito. En este contexto, acogemos con beneplácito la aprobación de la Ley de la República Popular de China sobre la salvaguardia de la seguridad nacional en la Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK), así como la reafirmación de la adhesión de China a la directriz «un país, dos sistemas». Estamos convencidos de que este movimiento es propicio para garantizar que «un país, dos sistemas» sea estable y duradero, y que Hong Kong goza de prosperidad y estabilidad a largo plazo. Los derechos y libertades legítimos de los residentes de Hong Kong también pueden ejercerse mejor en un entorno seguro”, sigue la declaración.
Respaldando la segunda declaración, Carrie Lam afirmó que Hong Kong es «una de las ciudades más seguras del mundo, pero la inseguridad y la inestabilidad se han convertido en una preocupación» a causa de «grupos de reclaman la independencia y la autodeterminación», que «han incitado a las protestas» y «radicalizado a los jóvenes».
«Ningún gobierno central podría cerrar los ojos ante esas amenazas a la soberanía y la seguridad nacional», afirmó Lam.
Una situación geopolítica compleja.
Hong Kong es una antigua colonia británica en el sureste de China.
Por la Declaración Conjunta firmada por China y el Reino Unido el 19 de diciembre de 1984 en Pekín, China prometió que, bajo la política «un país, dos sistemas», el sistema económico socialista de China no se aplicaría en Hong Kong, comprometiéndose a respetar el sistema legal existente en Hong Kong antes del traspaso de soberanía por un plazo de 50 años, hasta el año 2047. China se haría cargo de la política exterior y la defensa del territorio.
El 1 de julio de 1997 Hong Kong pasó a China como Región Administrativa Especial, régimen que finalizará en 2047 con la plena integración en China.
Hoy Hong Kong se ha transformado en uno de los centros turísticos, industriales, financieros y comerciales más importantes del mundo, desempeñando el papel de trampolín para el comercio y la inversión de la China continental.
Los intereses al respecto de la Ley de Seguridad Nacional de los otros países hacia la región de Hong Kong no son puramente conectados a los solos derechos humanos. La economía y la política juegan igualmente un papel muy importante.
De acuerdo con los expertos de la ONU, Sarah Brooks del “International Service for Human Rights” (ISHR) dijo: «El éxito de cualquier llamado a la acción para monitorear y documentar violaciones comienza con la voluntad de los Estados de responder realmente a ese llamado. En términos geopolíticos, esto significa enfrentarse a China».
