Por: Martha Devia Grisales Miembro de Comité Ambiental en Defensa de la Vida y Red la por los derechos económicos, sociales y culturales
El Comité Ambiental en Defensa de la Vida, junto con otras organizaciones internacionales como La Ruta del Clima de Costa Rica, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, el Center for International Environmental Law y la International Network for Economic, Social and Cultural Rights, han unido sus voces y esfuerzos para abordar las graves violaciones de derechos humanos provocadas por la crisis climática, especialmente en países de América Latina como Colombia.
El Comité Ambiental en Defensa de la Vida compareció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar los impactos devastadores del cambio climático. En Colombia, se ha presentado un panorama alarmante de los daños y pérdidas, como incendios forestales descontrolados, huracanes, deslizamientos, erosión costera y disminución de recursos hídricos.
Las organizaciones exigen que aquellos responsables de estos impactos, como los estados y corporaciones del norte global, asuman su responsabilidad y garanticen la reparación integral de las comunidades afectadas. Se hace un llamado a la justicia climática, priorizando los derechos individuales y colectivos, y reconociendo la responsabilidad diferenciada entre países desarrollados y en desarrollo.
Las negociaciones internacionales sobre el clima han sido insuficientes para abordar adecuadamente las pérdidas y daños sufridos, por lo que se demanda una reparación justa y a la escala requerida.
En el espacio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la representante del Comité Ambiental, Angélica Corredor Castillo, presentó un panorama devastador de los daños y pérdidas sufridos en Colombia, uno de los países más afectados por los efectos del cambio climático.
Se denunciaron incendios forestales descontrolados que han devastado parques naturales y ecosistemas vitales, así como las afectaciones causadas por el huracán Iota, que provocó graves daños en infraestructura y el desplazamiento de comunidades en San Andrés y Providencia. Además, se han registrado deslizamientos de tierra, erosión costera y una drástica disminución de los recursos hídricos.
Estos impactos catastróficos están afectando gravemente a mujeres, niños y jóvenes, quienes representan el futuro de estas comunidades, vulnerando su derecho a un ambiente sano y a una vida digna. En una sola voz, se exigen acciones concretas sobre los efectos diferenciados de los países y se aborda la justicia priorizando los derechos individuales y colectivos. Las organizaciones demandamos que los Estados y las corporaciones que han provocado la crisis climática, mayormente ubicados en el Norte Global, asuman su responsabilidad diferenciada y garanticen la reparación integral a las comunidades afectadas. Se hace énfasis en el deber de los países desarrollados de proveer los recursos y mecanismos necesarios para una justa reparación, más allá de los fondos de caridad y compensación limitada que han sido insuficientes hasta ahora.
Desde nuestros territorios, sentimos que las negociaciones internacionales sobre el clima han fallado en reparar adecuadamente a las comunidades que menos han contribuido a la crisis y que sufren sus peores impactos.
