La alcaldesa Johana Aranda, tras 51 días en el cargo, enfrenta creciente desconfianza debido a su incapacidad para solucionar los persistentes problemas de suministro de agua en Ibagué. La ratificación de Erika Palma como gerente del IBAL ha intensificado el malestar ciudadano, resaltando ineficiencias previas en la gestión del agua.
Hoy, en las instalaciones de la alcaldía, y en la avenida vía a Pícaleña comunidades de la comuna 9 afectadas por la escasez de agua se congregaron para exigir su derecho al acceso hídrico. Los manifestantes señalan “la alcaldesa parece priorizar cuotas políticas sobre la designación de personas con legitimidad social y capacidad técnica para abordar los graves problemas de acueducto y alcantarillado.”
A pesar de las promesas, la situación persiste sin resolverse, generando preocupación en la comunidad ibaguereña, que anhela acciones concretas para poner fin a una crisis que impacta su vida diaria y amenaza el bienestar de los habitantes de Ibagué.
