Hernando Rojas Sociólogo, Universidad del Tolima
«Llega diciembre con su alegría, mes de parranda y de animación», dice una canción que muchos cantan con entusiasmo. Sin embargo, para un profesional con un contrato de prestación de servicios, esa música puede ser deprimente. Cada año, el trabajo llega a su fin, y comienza la angustiosa espera de ser llamado nuevamente, dependiendo de la voluntad política de quienes dirigen las instituciones. A veces, el contrato que finalmente se obtiene dura apenas cuatro o seis meses.
Enero llega con desolación, la resaca de las fiestas decembrinas y la incertidumbre económica. El contratista observa cómo su cuenta de ahorros se reduce día tras día debido al pago de deudas, arriendo, servicios, alimentación y demás gastos esenciales.
A mediados del mes, surge la esperanza de ser contratado nuevamente. Entonces, comienza la recolección de la interminable lista de documentos para el trámite contractual. Sin embargo, el «amigo» que facilita su ingreso le pide que empiece a trabajar de inmediato, con la excusa de que así podrá «aprender» y «adaptarse». Así puede pasar hasta dos meses sin contrato y, por lo tanto, sin pago.
Cuando por fin se formaliza la contratación, el contratista debe cubrir de su bolsillo el costo de estampillas, seguridad social, exámenes médicos y otros requisitos indispensables para poder empezar a trabajar, lo que implica endeudarse aún más.
Durante la ejecución del contrato, debido a la naturaleza de la prestación de servicios, todos los viáticos corren por cuenta propia. Si el trabajo requiere desplazamientos a zonas rurales de difícil acceso, incluso caminando más de ocho horas, no hay compensación alguna: todos los gastos son asumidos por el contratista.
Llega el fin del primer mes, y con él, otro calvario: el trámite de la cuenta de cobro. Se deben presentar informes, evidencias, formatos, comprobantes de pago de seguridad social y esperar la aprobación de los supervisores del contrato. Este proceso toma tiempo, y el pago rara vez llega al finalizar o iniciar el mes; por el contrario, puede tardar hasta un mes adicional en hacerse efectivo.
Esta realidad angustiante afecta a miles de contratistas que sostenemos gran parte del aparato estatal y de empresas privadas. Es desolador ver cómo cada día se nos precariza más, negándonos derechos laborales y excluyéndonos del bienestar al que otros trabajadores sí tienen acceso.
¿Cuándo terminará esta situación?
Es posible que esta injusticia continúe por muchas décadas más. Ni siquiera una reforma garantiza un cambio inmediato, aunque podría ser el primer paso hacia una transformación necesaria. Mientras tanto, los contratistas seguimos resistiendo, esperando que, algún día, el trabajo digno sea un derecho y no un privilegio.
