Por: Martha Devia Grisales, Miembro de Comité Ambiental en defensa de la Vida – Miembro de la Red Desc
Organizaciones de la sociedad civil, representantes de comunidades afectadas, ONG, delegados de los Estados Parte y el Parlamento de la Asamblea de Naciones Unidas reúnen esfuerzos para analizar, de manera intergubernamental e intersectorial, los artículos de un instrumento jurídicamente vinculante. Este tratado busca detener la impunidad corporativa de las empresas multinacionales y transnacionales, que durante años han normalizado malas prácticas, pasando por encima de millones de personas en el mundo, socavando sus derechos, los de la naturaleza y contribuyendo significativamente a la destrucción de nuestra casa común.
Nuestra postura como organización de base y como parte de la membresía de la Red DESC, es expresar nuestros argumentos en defensa de los derechos de las comunidades indígenas, campesinas y trabajadores de la tierra frente a los grandes depredadores de los recursos naturales (las empresas), durante años estas se han instalado para saquear las entrañas de la tierra, sin una verdadera conciencia humana sobre lo que esto significa para la vida en el planeta. (Ver líneas rojas)
Nos preocupa profundamente la relación entre las emisiones de GEI (gases de efecto invernadero), el extractivismo, las falsas soluciones, la captura corporativa, las obligaciones extraterritoriales y los derechos humanos. Estas líneas rojas deben ser abordadas con urgencia y decisión.
Nos llama la atención que el Palacio de las Naciones, sede del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, no esté exento de la influencia de lobistas corporativos. Desde el manto de la democracia y la inclusión, estos actores se han inmiscuido en espacios de toma de decisiones globales, como las Convenciones Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o las COP por el clima y la biodiversidad. En dichos escenarios, han promovido sus intereses y ejercido una captura corporativa desalmada.
Consideramos que estos espacios deben estar reservados para los gobiernos y la sociedad civil, pues son precisamente los lugares idóneos en el planeta para debatir y regular las acciones de quienes infringen o violan los derechos humanos.
Finalmente, destacamos que, si bien los Estados cuentan con legislaciones internas para proteger los derechos humanos, estos mecanismos son insuficientes y carecen del alcance necesario para garantizar que las empresas sean penalizadas y que las comunidades afectadas puedan acceder a la justicia. Esto nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de un instrumento internacional sólido, poderoso e inquebrantable, que defienda los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidos por empresas. Este instrumento debería incluir medidas como la protección efectiva de las víctimas, la obligación de las empresas de prevenir violaciones a los derechos humanos, el acceso a la reparación, la responsabilidad jurídica y otros mecanismos de incidencia y protección real.
