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Hoy, 28 de Agosto, se ha dado un paso significativo en la protección del ambiente y los derechos humanos en América Latina y el Caribe con la aprobación del Acuerdo de Escazú. Este tratado internacional, adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, y en vigor desde el 22 de abril de 2021, busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, también se encuentran mandatos para proteger a los líderes ambientales, y prevenir conflictos de esa índole.
Objetivos Principales del Acuerdo de Escazú
- Acceso a la Información Ambiental: El acuerdo asegura que todas las personas tengan acceso a información relevante y oportuna sobre el ambiente. Esto incluye datos sobre la calidad del aire, el agua, la biodiversidad y otros aspectos cruciales para la salud y el bienestar de las comunidades.
- Participación Pública en la Toma de Decisiones: Facilitar la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones ambientales es otro pilar fundamental del acuerdo. Esto garantiza que las voces de las comunidades locales sean escuchadas y consideradas en los procesos que afectan su entorno.
- Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales: El acuerdo establece mecanismos para que las personas puedan acceder a la justicia en temas ambientales. Esto incluye la posibilidad de presentar denuncias y buscar reparaciones cuando se violen sus derechos ambientales.
- Protección de Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales: En un contexto donde los defensores ambientales enfrentan crecientes amenazas, el Acuerdo de Escazú es el primer tratado en el mundo que incluye disposiciones específicas para su protección. Esto refuerza el compromiso de los países firmantes con la seguridad y el bienestar de quienes luchan por un ambiente sano.
Importancia y Repercusiones
Durante una audiencia pública en abril de este año, en el marco del control de constitucionalidad del Acuerdo de Escazú, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, destacó que el acuerdo mejorará las condiciones de seguridad para las empresas, la inversión extranjera y la soberanía nacional.
La ministra subrayó que la Corte Constitucional ha establecido una jurisprudencia que garantiza la participación de la ciudadanía y de todos los sectores en las decisiones ambientales.
Sin embargo, señaló que existen muchas deficiencias en la implementación práctica de esta jurisprudencia, tanto en el sector empresarial como en el Estado. Para ella, la implementación del Acuerdo de Escazú impondrá al Estado la responsabilidad de garantizar esa participación. Si se ratifica el acuerdo, se iniciará un proceso de reglamentación de procedimientos y de llenado de vacíos legales. Según la ministra, hay una gran brecha entre la jurisprudencia y la práctica.
En su momento, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) destacó que el Acuerdo de Escazú es un tratado que regula derechos procedimentales y que fue negociado con minuciosidad y cautela por 24 Estados, incluyendo a Colombia, y acordado por consenso.
La Cepal señaló que los 16 países que ya han ratificado el tratado han comenzado su implementación y están beneficiándose de ello. Con la exequibilidad de la Honorable Corte Constitucional, Colombia puede continuar liderando estos esfuerzos, fortaleciendo su Estado de Derecho, la separación de poderes, la democracia ambiental y avanzando hacia un desarrollo legítimo, basado en el pleno respeto a los derechos humanos y en el derecho de cada persona a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Por su parte, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) indicó que las disposiciones del Acuerdo de Escazú no ponen en riesgo la seguridad jurídica en Colombia. Las situaciones jurídicas consolidadas en decisiones ambientales de las autoridades colombianas, como las licencias ambientales creadas en la década de los 90, son decisiones provisionales que siempre han podido ser revisadas o ajustadas como instrumentos dinámicos, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Mientras tanto, la representante Carolina Giraldo Botero afirmó que con el Acuerdo de Escazú y con la información disponible, completa y a tiempo, se evitarán conflictos socioambientales y no se restringirá la libertad de empresa.
La reciente aprobación de medidas adicionales relacionadas con el Acuerdo de Escazú subraya el compromiso continuo de los países de América Latina y el Caribe con la protección ambiental y los derechos humanos. Este avance histórico marca un hito en la lucha por un futuro más sostenible y equitativo para todos.
