La coacción de la libertad de expresión y de los derechos sindicales sigue siendo un hecho frecuente en la Universidad del Tolima. ASPU, la organización sindical de profesores universitarios más grande del país, ha denunciado la apertura de procesos disciplinarios contra profesores que “casualmente” han sido críticos de las administraciones universitarias.
En esta ocasión, y en un hecho inédito en la institución, el Consejo Académico de la Universidad del Tolima, decidió judicializar a los docentes que han criticado las políticas y reglamentos que, en opinión de lideres sindicales de ASPU, están lesionando la calidad académica, y los principios de transparencia y de legalidad.
Recuérdese que ASPU ha denunciado formalmente los sobrecostos de diseños y obras, la manipulación de concursos docentes, la compra de tabletas de segunda mano y de pantallas interactivas sobrefacturadas, el crecimiento exponencial de la burocracia barretista, entre otras. En esta ocasión, el órgano colegiado declaró en un comunicado del 22 de agosto de 2024 que, todas las manifestaciones realizadas por los profesores en redes sociales y en comunicados públicos que han cuestionado sus actuaciones serán sometidas a judicialización:
“Se procederá a remitir estas situaciones a las instancias pertinentes con el fin de que se adelanten las investigaciones legales y judiciales que tengan a lugar, pues consideramos que estas difamaciones socavan la dignidad del Consejo y de cada uno de sus integrantes, quienes representan democráticamente los intereses de la comunidad académica de la Universidad del Tolima.”
La mayoría de los miembros del Consejo Académico son designados directamente por el rector Mejía, pues solo existe elección directa de una minoría. Los miembros que aprobaron el comunicado que es calificado por ASPU como “fascistoide” no refleja los nombres de los consejeros que lo aprobaron.
Esta redacción identificó a todos sus miembros en la última acta disponible en la página de la institución: Omar Mejía, Rector, Martha Núñez, Vicerrectora de Docencia, John Méndez, Vicerrector de Investigación, Diego Polo, Vicerrector de Desarrollo Humano, Mario López, Vicerrector Administrativo, Carol Góngora, Representante de los directores de Programa, Heyner Devia, Representante Estudiantil, Sandra Lastra, Representante Profesores, José Correa, Representante de los Graduados, y los decanos: Omar Aristizábal, Rafael Flores, Eduardo López, Luis Naranjo, Andrés Francel, Leonardo Restrepo, Rafael Gonzáles, Héctor Aguiar, Omar Melo y Carlos Gamboa. Hasta el momento ninguno de los consejeros ha rechazado el comunicado.
Los líderes de ASPU manifestaron que el actual concurso docente de planta está violando el principio de publicidad y de legalidad. Pues, se impidió la publicación de los aspirantes y sus trayectorias académicas (lo que no ha sucedido en ninguna universidad pública), y la norma que reglamenta el concurso no puede ser expedida por el Consejo Académico, sino que es competencia exclusiva del Consejo Superior, según el artículo 70 de la Ley 30 de 1994.
También aseguraron que todos los miembros del Consejo Académico serán denunciados por violar los derechos sindicales y el derecho a la libertad de expresión ante el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Educación, la CUT, la OIT y la CIDH. Así mismo, expresaron que la violación a la Ley 30 será puesta en conocimiento de los jueces, del Ministerio de Educación y de la Fiscalía.
