El Concejo Municipal de Natagaima, Tolima se encuentra en el centro de una controversia tras la convocatoria a sesiones extraordinarias mediante el Decreto 036 de marzo 19 de 2024. La presidenta del Concejo adoptó la Resolución 009 del 20 de marzo de 2024, que establece la discusión de cuatro proyectos de acuerdo. Sin embargo, la forma en que se asignaron estos proyectos ha generado inquietudes.
Los proyectos en cuestión son los siguientes:
Autorización y facultades para la Alcaldesa: El primer proyecto busca otorgar poderes y facultades a la señora Alcaldesa municipal de Natagaima.
Subsidios para el servicio de GLP en la zona rural: El segundo proyecto autoriza a la alcaldesa para otorgar subsidios relacionados con el costo de conexión y redes internas del servicio de gas licuado de petróleo (GLP) en la zona rural del municipio.
Asignación salarial mensual de la alcaldesa para 2024: El tercer proyecto establece la remuneración mensual para la alcaldesa durante la vigencia fiscal 2024.
Número y valor diario de la alcaldesa y demás servidores públicos: El cuarto proyecto determina el número y valor diario de la alcaldesa municipal y otros funcionarios de la planta de personal de la alcaldía de Natagaima.
La controversia surge en torno a la conformación de las comisiones encargadas de estudiar estos proyectos. La presidenta designó dos proyectos a la Comisión de Presupuesto, pero para los otros dos creó una comisión accidental. Esto ha generado críticas, ya que se pasó por encima de la comisión permanente de presupuesto sin argumento legal y sin someterlo a consideración de la plenaria.
La Ley 136 de 1994 establece los principios generales sobre la organización y funcionamiento de los municipios. Es importante que las decisiones del Concejo se ajusten a los procedimientos legales y garanticen la transparencia en el proceso.
La ciudadanía espera que se aclaren estas situaciones y que se respeten los mecanismos establecidos para el debate y estudio de los proyectos de acuerdo. La vigilancia ciudadana es fundamental para asegurar que las decisiones tomadas beneficien a la comunidad y se ajusten a la normativa vigente.
