En una contundente solicitud a través de un derecho de petición, diversas instituciones educativas privadas de la ciudad de Ibagué alzan su voz contra la presunta corrupción que rodea el funcionamiento de colegios ilegales. Estas instituciones, debidamente autorizadas y con licencia de funcionamiento, han denunciado repetidamente ante la Secretaría de Educación Municipal y la Oficina de Inspección y Vigilancia, pero parecen no obtener respuestas efectivas.
Afirmaron «Mientras la alcaldesa Johana Aranda habla de erradicar la corrupción e ilegalidad en la ciudad de Ibagué, sería apropiado dirigir la atención también hacia las instituciones educativas, colegios y jardines infantiles privados que operan ilegalmente durante años, sin licencia de construcción ni de funcionamiento”
A lo largo de varios años, estas instituciones legalmente establecidas han expresado su preocupación por la operación continuada de colegios ilegales, los cuales carecen de licencias de construcción, permisos de la Secretaría de Salud, espacio público y licencias de bomberos. Alegan que, a pesar de sus denuncias, los funcionarios de Inspección y Vigilancia no cumplen con sus funciones, permitiendo que esta situación de ilegalidad y corrupción perdure.
En el marco de esta preocupación, se plantea la posibilidad de accidentes graves, similar a lo informado recientemente en el programa Séptimo Día de Canal Caracol sobre estructuras peligrosas. En este contexto, las instituciones educativas privadas solicitan respuestas claras sobre por qué la Alcaldía de Ibagué, la Secretaría de Educación Municipal y la Oficina de Inspección y Vigilancia permiten la operación ilegal de estos colegios a pesar de las denuncias presentadas.
Las instituciones educativas privadas proponen tres peticiones fundamentales:
Publicación oficial: Exigen la publicación en la página oficial de la Alcaldía de Ibagué y la Secretaría de Educación Municipal, así como en otros medios de comunicación, de la lista de colegios privados legales que cumplen con todas las normativas y cuentan con los permisos correspondientes, especificando hasta qué grado o curso están habilitados para ofrecer el servicio educativo.
Inspección y Vigilancia: Solicitan realizar inspecciones y visitas a las instituciones educativas para garantizar su cumplimiento legal en los grados para los cuales tienen permiso, evitando el funcionamiento encubierto que algunos colegios ilegales realizan en redes sociales.
Cumplimiento de requisitos: Piden inspecciones para verificar el cumplimiento de requisitos como el Plan Educativo Institucional (PEI), licencias de construcción, permisos de la Secretaría de Salud, espacio público y bomberos, así como el acatamiento de las normativas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Ante la falta de acciones concretas, estas instituciones educativas privadas advierten que, de persistir la situación, se verán obligadas a realizar un plantón frente a la Alcaldía de Ibagué y la Secretaría de Educación, buscando visibilizar la problemática y exigir respuestas.
A los padres de familia y medios de comunicación, se les invita a verificar la legalidad de los colegios donde estudian sus hijos, destacando la importancia de actuar para proteger a los niños de posibles riesgos derivados de la operación ilegal de instituciones educativas.
