Por: Elena Rusca
El Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) ha emitido una contundente condena hacia el Estado chileno por su reciente decisión de poner fin a las pensiones de gracia destinadas a las víctimas del trauma ocular provocado por la represión policial durante el estallido social de 2019. En un comunicado público, CODEPU expresa su profunda preocupación y desacuerdo con esta medida, que considera extremadamente grave y contraria a los principios de justicia y reparación.
Durante el estallido social, Chile enfrentó una de las crisis de derechos humanos más graves de su historia reciente. CODEPU denuncia la política de castigo desplegada por el Estado, la cual resultó en violaciones generalizadas de los derechos humanos cometidas por agentes estatales. Entre estas violaciones se cuentan las muertes, los traumas oculares, las lesiones y el abuso de la prisión preventiva, prácticas que han dejado secuelas profundas en la sociedad chilena.
A pesar de las promesas de reparación por parte del gobierno, las víctimas de la represión estatal aún esperan justicia, verdad y reparación adecuada. Las 418 pensiones de gracia otorgadas no son suficientes para constituir una verdadera política de reparación, y el incumplimiento de mantenerlas por parte del gobierno actual representa un retroceso significativo en el camino hacia la justicia.
Es evidente que, mientras sectores conservadores y la derecha política y económica se oponen a cualquier política reparatoria, el gobierno ha renunciado a su responsabilidad en materia de derechos humanos. La decisión de suspender las pensiones de gracia contradice las afirmaciones previas de las autoridades, quienes habían prometido mantenerlas debido a la gravedad del daño causado por los agentes del Estado.
CODEPU considera que el cese de las pensiones de gracia es una acción extremadamente grave que no solo ignora a las víctimas, sino que las retraumatiza. Además, esta medida transgrede las obligaciones de derechos humanos en materia de justicia y reparación, comprometiendo la responsabilidad del Estado chileno ante la comunidad internacional.
Ante esta situación, CODEPU anuncia su compromiso de presentar todas las acciones legales necesarias para revertir esta decisión errónea. Asimismo, denunciará la gravedad de lo ocurrido ante los organismos internacionales pertinentes. La organización condena enérgicamente la renuncia del poder ejecutivo a una agenda de derechos humanos que considera imprescindible en la actualidad.
La decisión del Estado chileno de poner fin a las pensiones de gracia para las víctimas del trauma ocular durante el estallido social es un paso atrás en el camino hacia la justicia y la reparación. CODEPU reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos y continuará luchando por la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas de la represión estatal en Chile.
