Juan Alejandro Echeverri www.periferia.com
Un campesino de la cuenca del río Calderas dijo alguna vez que por esos cañones el desarrollo pasaba por el aire, por las líneas de transmisión eléctrica, pero que abajo en sus fincas nunca lo habían visto.
El río que conectaba biológica y socialmente a Granada, San Luis y San Carlos, fue desviado y represado para construir la central hidroeléctrica que lleva ese mismo nombre. Isagen, la empresa que compró predios y tierras “a precio de rastrojo”, se aprovechó de la buena fe y la esperanza de la gente. El campesinado les dio frijoles, café y aguapanela a los que años después serian sus verdugos, a los responsables de que hoy se sientan forasteros en su propia tierra. “Aquí llegaron a decirnos les vamos a traer y construir el desarrollo, y no llegó, lo vendieron. Yo debería ser campesino. Yo debería haber estado sembrando y cogiendo café aquí, ese es un impacto del desarrollo”, manifestó una de las personas que intervino en el primer foro sobre la deuda histórica del sector energético, realizado el 26 de marzo en el coliseo de la vereda Calderas.
San Carlos, una de las víctimas del espejismo desarrollista, es el municipio con más hidroeléctricas por metro cuadrado en toda Colombia. La llamada “cosita dulce” del Oriente antioqueño tiene cuatro grandes proyectos de generación: Jaguas, Punchiná, Playas y Calderas, construidas entre los 70´s y 80´s. Coincidencialmente, en las décadas siguientes, San Carlos fue uno de los poblados más minados del país, y uno de los más golpeados por el conflicto armado, en su etapa más sangrienta el municipio pasó de 25.000 a 9.000 habitantes.
Pese al estrés hídrico y humanitario, San Carlos tiene dos vías de acceso precarias, que en tiempos de invierno se vuelven intransitables. La hidroenergía fue un mal negocio. Los campesinos del Calderas dicen que el clima cambió y el café se llenó de musgo. En Narices, el corregimiento bañado aguas abajo por el río Samaná y que colinda con el Magdalena Medio, los pescadores atrapan bocachicos cada vez más pequeños.
La deuda y las afectaciones del sector energético son locales, también regionales. Con las aguas del Oriente antioqueño se genera el 30% de la energía que consume el país. Los principales beneficiarios de esa electricidad son los complejos agroindustriales del Valle del Cauca, Bogotá, y Medellín, y los hornos de Cerro Matoso, una de las minas de ferroníquel más grandes del mundo, capaz de consumir la misma energía que gasta Barranquilla en un año. Mientras las multinacionales generan millonarias ganancias con la energía producida en el Oriente, los campesinos que viven en el área de influencia de los proyectos no tienen ni si quiera pozos sépticos.
Tampoco es rico en plantas de trata[1]miento de aguas residuales o de agua potable. Y la Corporación Ambiental Cornare, la cual recibe el 30% de los dineros generados por las empresas, no ha construido ni ha ayudado a mejorar los acueductos veredales. El caso del Peñol también resulta emblemático. Después de la construcción del embalse Peñol-Guatapé, el cual ocupa 7.400 hectáreas (es decir 74 km2), el municipio pasó de ser una importante despensa.
agrícola de la región y el departamento, a ser uno de los municipios que más alcohol consume en Colombia. “El Oriente está perdiendo su ventaja comparativa con otros territorios: su potencial agrícola, sus bosques, su riqueza hídrica”, dijo en el foro Luis Diego Vélez, profesor jubilado del departamento de ingeniería de la Universidad Nacional. Las más de 100 personas que participaron en la actividad, se sienten engañadas y saqueadas. Con este tipo de encuentros, al borde del río y alrededor del sancocho, aspiran revalidar y cualificar sus argumentos para rechazar la pretensión que tiene Isagen de sacar los sedimentos represados por el embalse y volverla a llenar para extender, por 40 años más, la vida útil de la hidroeléctrica Calderas. Desde hace más de 6 meses, habitantes de la zona han denunciado que, en horas de la noche, la empresa vierte río abajo los lodos tóxicos imposibles de reutilizar.
Denuncia a la que la Autoridad de Licencias Ambientales (ANLA) no ha hecho el correcto seguimiento. La exigencia de la cuenca no solo es que se suspenda la repotenciación de la hidroeléctrica, también que se revise y modifique el esquema tributario vigente de manera que las empresas del sector eléctrico paguen los impuestos que les corresponden, pues con la actual legislación no tienen que pagar el impuesto de industria y comercio.
Varios años lleva el Oriente antioqueño diciéndole al país que ya cumplió con su cuota energética; exigiendo que se derogue cualquier licencia ambiental entregada para pequeños, medianos y grandes proyectos de este tipo en el territorio. Y al nuevo Gobierno le pide que en su modelo de transición energético no contemple la generación hidroeléctrica como energía verde y responsable con el medio ambiente. Son muchas las cuentas que están pendientes. En 2016 el gobierno de Juan Manuel Santos le vendió Isagen a una empresa canadiense. Con los dineros de la venta, aseguraron en ese entonces, se financiaría la infraestructura, entre otros programas de inversión que necesitaba el país. En la cuenca del Calderas se preguntan a dónde fueron a parar esos dineros que les correspondían y nunca llegaron al territorio.