Rodrigo Toro, alcalde de Santa Rosa de Cabal, suspendió un proceso irregular del Grupo Energía Bogotá (GEB) en zona rural del municipio

alcalde santa rosa

El pasado domingo 21 de noviembre, Rodrigo Toro Montes, alcalde de Santa Rosa de Cabal – Risaralda, hizo presencia en zona rural del municipio, específicamente en la vereda Volcanes, en donde solicitó de manera contundente suspender la intervención que se venía adelantando por parte del Grupo de Energía de Bogotá (GEB) y manifestó que este tipo de procedimientos deben realizarse de manera concertada con la comunidad y la institucionalidad.

Los hechos que se presentaron ese día en horas de la mañana tienen que ver con la tala de un guadual que pretendía realizar la multinacional y que, aparentemente, representa un peligro para la comunidad por su cercanía con las líneas de alta tensión.

Por lo anterior, es preciso mencionar que la problemática real se generó a partir de un mal procedimiento por parte de la empresa, con la actuación cómplice de la policía. El mandatario advirtió el descontento con la forma de la intervención, ya que esta no habría sido socializada de forma previa con la comunidad del sector y que, además, tuvo participación de hombres del ESMAD mediante un accionar que no fue consultado, de manera protocolaria, con el gobierno municipal y no contaba con el acompañamiento del Ministerio Público ni la autorización de la autoridad ambiental del departamento, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, para llevar a cabo dicho procedimiento. 

“Entendemos las razones de la diligencia, pero rechazamos la forma en la que se llevó a cabo, como empresarios o como autoridades, debemos respetar la autonomía y la dignidad de las comunidades en sus territorios, más cuando hay de por medio una connotación tan importante en lo ambiental, lo arqueológico y lo histórico”, expresó Rodrigo Toro.

Toro solicitó la suspensión de dicha actividad hasta que sea efectuada bajo un debido proceso, socializado y concertado con las comunidades habitantes del sector y con el acompañamiento de la institucionalidad local, alcaldía, personería municipal y la CARDER. Estableciendo que la institucionalidad debe estar siempre en función de la defensa de las comunidades y los territorios.

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