Aunque el día de hoy nos acercamos a los dos meses de Paro Nacional, pareciera que este histórico estallido social no ha permitido un cambio sustantivo en el actuar de la bancada del gobierno en el congreso de la República.
El día de ayer, los colombianos recibimos la triste noticia de la caída de proyectos indispensables para los movimientos sociales y ambientales que hoy se movilizan en todo el país para construir una Colombia con justicia social y ambiental. Hundieron el proyecto de la Matrícula Cero, el proyecto antifracking y el proyecto que promovía limitar la comida chatarra. Queda pendiente la aprobación del Acuerdo de Escazú.
La Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, con 15 votos a favor y 4 en contra, decidió aplazar el debate del proyecto que prohibiría el Fracking en Colombia, el cual, por motivos de tiempo, es imposible revivirlo. Llamó la atención que varios congresistas que manifestaban su apoyo al proyecto hayan decidido votar a favor de aplazar el debate y, con ello, prácticamente hundir el proyecto.
De igual manera hundieron el proyecto de la bancada de oposición que buscaba la gratuidad de la matrícula para estudiantes de educación superior. Esta decisión representa una afrenta a los jóvenes que se movilizan por toda Colombia, dado que este proyecto era una de las exigencias que movían a los manifestantes desde el 28 de abril en el marco del Paro Nacional. Los congresistas proclives a los intereses del gobierno nacional rechazaron la iniciativa bajo el argumento que el proyecto no garantizaba las fuentes de los recursos. Lamentable que, supuestamente, no exista presupuesto para este derecho fundamental, pero si para el aumento del personal de la procuraduría nacional.
En estos momentos se debate el Acuerdo de Escazú, un acuerdo multilateral de las Naciones Unidas que promueve el acceso a la información, participación, protección ambiental y garantías para los líderes y lideresas ambientales. Pese a que el presidente, Iván Duque, se comprometió en sacar adelante este proyecto y lo firmó en 2021 en respuesta a las exigencias de los ambientalistas en el marco del Paro Nacional, es la bancada del gobierno la que pretende hundir la iniciativa. Actualmente, los ambientalistas, congresistas de la oposición y diversos sectores sociales adelantan una campaña por las redes sociales con la etiqueta #RatifiquenEscazú.
La plenaria de Senado, con 53 votos a favor, aprobó el proyecto que otorga superpoderes y competencias jurisdiccionales a la actual Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, con el objetivo de poder sancionar y destituir funcionarios públicos y personas elegidas por voto popular. El congreso no tuvo en cuenta los cuestionamientos que realizó la MOE, el Consejo de Estado y la Federación de Municipios. Los cuestionamientos señalan una posible concentración de poderes, el desconocimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto y el incremento de la burocracia en la Procuraduría. El Centro Democrático, Partido Liberal, Partido Conservador, Cambio Radical y La U, fueron los partidos que apoyaron decididamente el proyecto.
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