Por:: Martha Lisbeth Alfonso Jurado- Consultora en políticas públicas
La juventud, al margen del proceso de negociación que se adelanta actualmente entre el Comité Nacional de Paro y el Gobierno Nacional, logró que éste gobierno se viera obligado a poner en su agenda prioritaria una serie de programas para ellos y ellas que representan casi el 25% del total de la población nacional (Sólo contabilizando los jóvenes entre 14 y 28 años como lo establece el Estatuto de Ciudadanía Juvenil).
La juventud ha sido un grupo poblacional rezagado en las políticas sociales en Colombia pese a que son la población más afectada por grandes problemáticas en el país. Por ejemplo, cuando de violencias se trata, los y las jóvenes entre 15 y 29 años reciben los mayores impactos de fenómenos como el homicidio cuyas víctimas en este grupo de edad representan el 49%; o la violencia intrafamiliar en la que el 41% de las víctimas son jóvenes en este mismo grupo de edad; o el suicidio que registra más del 38% de victimas jóvenes[1].
Peor aún son las cifras en materia de derechos fundamentales para la juventud. En Colombia la cobertura en educación superior alcanza tímidamente el 52%, es decir, jóvenes entre los 17 y 21 años que acceden a educación técnica, tecnológica y profesional o universitaria. En promedio el desempleo juvenil (14 a 28 años) en el 2020, osciló entre el 26 y el 28%, siendo superior al promedio general de desempleo[2].
En el marco de las protestas que se vienen adelantando desde el pasado 28 de abril, el sujeto político principal ha sido la juventud sin lugar a dudas, por lo mismo, han sido las principales víctimas de la demencial violencia policial y estatal con la que éste gobierno ha respondido a las demandas juveniles. Según INDEPAZ en su último reporte de víctimas fatales en el marco de las protestas, de 64 personas asesinadas, 50 eran jóvenes menores de 28 años. En cerca del 58% de los casos, los victimarios fueron miembros de la fuerza pública, otro 14% civiles armados que actuaron al lado de la fuerza pública y el restante de victimarios están sin identificar.
La ONG Temblores que ha hecho observancia permanente de las violaciones a derechos humanos en el marco de las protestas, registro en su Plataforma Grita con corte a 2 de junio: 1248 víctimas de violencia física, 1649 detenciones arbitrarias, 65 víctimas de agresiones en los ojos, 187 casos de disparos con arma de fuego contra manifestantes por parte de la fuerza pública y 25 víctimas de violencia sexual. También existen múltiples voces que denuncian un número indeterminado de desapariciones. La gran mayoría de casos ocurridos contra jóvenes.
Pese a esto y sin ningún pudor, el gobierno nacional estrenó en medio de las protestas su estrategia “Pacto Colombia con las Juventudes” para dialogar sobre las necesidades de los y las jóvenes del país. Sin haber cubierto ni siquiera de la mitad de las regiones colombianas con estos diálogos, el gobierno ya tiene soluciones y propuestas y estrena en la primera semana de junio una agresiva estrategia publicitaria que debe costar miles de millones de pesos. A través de ella ofrece crédito flexible para jóvenes estudiantes y campesinos con proyectos agropecuarios, una bolsa de empleo juvenil que prioriza supuestamente a quienes buscan su primer empleo, así como subsidios de vivienda y créditos de hasta el 90% del valor del inmueble para jóvenes.
A punta de pan y circo Iván Duque y su mal gobierno, pretende acallar a la juventud colombiana después de haber desplegado contra ella su más criminal respuesta ante sus justos reclamos. Una no sabe si reír o llorar ante tanta desfachatez, pues resulta inentendible que un gobierno crea que con paños de agua tibia, propagandas de televisión en horarios estelares y enriqueciendo al sector financiero que es el único beneficiario de su estrategia de emergencia, va a aliviar la fiebre incontrolable que ha encendido con su actuar.
Sobre las graves violaciones a los derechos humanos no hay respuesta alguna. La comisión negociadora del Gobierno Nacional en la mesa con el Comité Nacional de Paro, se niega a firmar el punto 1 de la negociación sobre garantías para la protesta social. La Fiscalía recientemente reconoció sólo 21 homicidios en el marco de las protestas y 3 desapariciones forzadas a pesar de tener más de una centena de denuncias.
Nuestras esperanzas están puestas en la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que se encuentra en curso en Colombia. Ojalá ellos logren recoger y reconocer la grave masacre que está ocurriendo y ayuden a desenmascarar esta dictadura gubernamental ilegitima y sostenida a punta de fuerza criminal contra la población civil. De sus observaciones y recomendaciones depende la regulación de tanta criminalidad de éste régimen contra la juventud colombiana. Que así sea.
[1] Cifra promediadas según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal – Forensis 2019.
[2] Cifras promediadas según datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares – DANE y JUACO – Colombia Joven, 2020
Muy interesante análisis con cifras y hechos da mucha credibilidad e invita a la esperanza.