Pronunciamiento del ambientalismo en el Paro Nacional 2021

“Si perdemos la lucha ambiental, ninguna otra lucha tendrá sentido”

En medio del Paro Nacional, que acompañamos desde el pasado 28 de abril, más de 200 organizaciones, colectivos, movimientos y plataformas ambientales, defensoras y defensores de la vida y del territorio, a quienes nos une la protección del agua y la naturaleza como ejes de nuestras luchas y resistencias, nos articulamos para visibilizar las apuestas y reivindicaciones del ambientalismo en el marco del paro.

El departamento del Tolima, que se ha caracterizado por ser el gestor de mecanismos activos de participación ciudadana, como una de las maneras pacíficas y legales para ejercer la defensa territorial, también se suma con vehemencia a esta movilización social. No toleramos las reversas jurídicas de los tribunales, en pro del sector extractivo y en contra de su mismo pueblo impuesto por las multinacionales; nos referimos en particular, a las consultas populares de Piedras y de Cajamarca que se quedaron sin techo jurídico para proteger nuestros territorios de proyectos mineros.

En correspondencia con las luchas nacionales, nos hemos encontrado para cambiar radicalmente el modelo de país impuesto en las últimas décadas, el cual ha dejado a la naturaleza como víctima del mal desarrollo que violenta comunidades, despoja territorios, deja pasivos ambientales y sociales, y vulnera ecosistemas, la salud, la biodiversidad y la vida de quienes los habitamos, humanos y no humanos: modelos económicos extractivistas y desarrollistas que pretenden implementarse, ahora utilizando como justificación la recuperación económica post pandemia.

El Paro Nacional, es, por tanto, el espacio legítimo de lucha y resistencia pacífica frente a un acumulado de nefastos gobiernos que han respondido con violencia al ver expuesta su política de corrupción y muerte; apoyamos la protesta social liderada en gran parte por los jóvenes, en todo el territorio colombiano porque no solo es un derecho consagrado en el artículo 37 de la Constitución política, sino la única manera de demostrar nuestra inconformidad.

Consideramos que los escenarios de diálogo entre los sectores populares y el gobierno  nacional deben ser amplios, transparentes, enmarcados en el respeto por el derecho fundamental a la vida, con garantías reales al desarrollo de la protesta y, fundamentalmente, cesando la masacre promovida por la fuerza pública, la cual, hasta el día de hoy, 26 de Mayo,  ha tomado la vida de 52 personas, 846 heridos según la BBC, 89 personas desaparecidas según la Defensoría del Pueblo, 15 casos documentados de violencia sexual, 1365 detenciones arbitrarias en todo el país, 992 casos de violencia policial y abuso de poder, según datos de la campaña Defender La Libertad; esta problemática refleja la cultura de violación de los derechos humanos en el país.

En relación, el pasado 23 y 24 de mayo, Cajamarca fue el escenario de esta barbarie en contra de nuestros jóvenes, muchos de ellos heridos y atacados brutalmente con armas para la guerra, mientras ellos solo se defendían empuñando una bandera, un palo y levantando sus gritos de auxilio. Hoy, sus cuerpos lacerados hablan y denuncian la ferocidad ejercida por la fuerza pública.

Desde el pliego ambiental del paro de 2019, hemos identificado algunos temas relevantes que articulan parte de las luchas   más importantes del ambientalismo en Colombia, presentamos a continuación, nuestras exigencias a nivel nacional, departamental y local.

Desde varios sectores articulados a nivel nacional, nuestras demandas se concentran en:

1. Proteger la vida e integridad de los defensores y defensoras ambientales que vienen siendo amenazados, atacados y asesinados por su legítima labor de cuidar y proteger la naturaleza, el país, según la ONG Global Witness lidera la cifra más alta de ambientalistas asesinados, por tanto, exigimos el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se brinden y acaten las recomendaciones para el derecho a la protesta de los colombianos. Exhortamos además al Congreso a la ratificación del Acuerdo de Escazú, enredado por la nula voluntad política del gobierno y sus partidos
2. Prohibir la aspersión de glifosato sobre cultivos denominados de uso ilícito, garantizando la implementación de los puntos Reforma Rural Integral y 4. Sustitución de cultivos de uso ilícito del Acuerdo de Paz, que permitan la dignificación  de la labor y los proyectos de vida de quienes trabajan la tierra para la autonomía y soberanía alimentaria, a partir de prácticas agroecológicas, protegiendo las semillas como bienes comunes y reconociendo la Declaración de los Derechos de los Campesinos.
3. Detener de manera urgente la deforestación y frenar su principal foco de avance, evitando la expansión de la frontera agropecuaria, el latifundio, la agroindustria o agronegocio de palma africana y otros; hacia áreas protegidas (jurídicas como comunitarias), sin que eso implique la militarización de las zonas de protección ambiental y la criminalización del campesinado.
4. Declarar una moratoria a los proyectos de megaminería en el territorio nacional, como los que se pretenden hacer en el Suroeste Antioqueño, el Páramo de Santurbán, la Sierra Nevada de Santa Marta, el Macizo Colombiano,  Cajamarca  y los proyectos de extracción en el norte del Tolima, que generan impactos irreversibles, acumulativos y a perpetuidad como los que se viven actualmente por la explotación de carbón en La Guajira y Cesar ante el inminente cierre pero  sin justicia y sin reparación.
5. Prohibir el fracking, la explotación de yacimientos no convencionales en: (Roca Generadora, la producción de Gas Metano Asociado a Mantos de Carbón (CBM), Hidrocarburos provenientes de Hidratos de Metano, ni Arenas Bituminosas; y cualquier otro tipo de extracción no convencional)  y de nuevos yacimientos costa afuera; sustituir en el corto plazo la explotación de combustibles fósiles y detener la construcción de nuevas termoeléctricas para avanzar hacia una transición energética justa como medida urgente ante la emergencia climática.
6. Respetar la consulta previa, libre e informada y las consultas populares como mecanismos legales y legítimos de participación, autonomía territorial y decisión de las comunidades sobre el destino de sus territorios.
7. Desescalar el avance de megaproyectos hidroeléctricos, de turismo, navegabilidad, puertos e infraestructura, que puedan impactar negativamente los ecosistemas y las comunidades de su entorno.
8. Garantizar la protección integral del agua como bien común, sus cuencas hidrográficas y ecosistemas estratégicos (humedales, ciénagas, ríos, océanos, glaciares, páramos, acuíferos, entre otros) desde la autogestión territorial, fortaleciendo los acueductos comunitarios como organizaciones claves en el entramado social, histórico y cultural en torno al agua.

En el departamento del Tolima y en Ibagué exigimos:

1. Garantizar la protección integral del agua como bien común, sus cuencas hidrográficas y ecosistemas estratégicos desde la autogestión territorial, fortaleciendo los acueductos comunitarios como patrimonios claves en el entramado social, histórico y cultural en torno, en ese sentido, reprochamos el pronunciamiento del Gobernador del Tolima, Ricardo Orozco quien objetó la ordenanza aprobada por los 15 diputados del Tolima, en el cual se declaraba estos Ríos (Gualí, Lagunilla, Recio y Totare); como sujetos de derechos.
2. Exigimos un mínimo vital de agua para los habitantes del Tolima y así garantizar el consumo diario para cada ser humano. El agua es derecho fundamental que contribuye a la salud y salubridad pública. Sentencias de la Corte Constitucional colombiana T–578 de 1992 y T–413 de 1995;  T–578 de 1992  y  T–881 de 2002, C–150 de 2003.
3. La reactivación económica no puede ir en detrimento de nuestra casa común, rechazamos el contrato de exploración y producción de hidrocarburos en el bloque VSM25 otorgado a Parex Resources, que impactaría con algunos cuerpos de agua tanto superficiales como subterráneos, principalmente, “el acuífero del abanico Ibagué”;(el tercero más grande del centro del país), este tiene una extensión de 63.696 hectáreas, afectando particularmente los municipios de Ibagué, Piedras, Coello, Alvarado y San Luis. Este proyecto representa una amenaza para la vida, impactaría catastróficamente el abanico fluvial del Tolima, afectando aguas subterráneas: 115 pozos profundos, 11 Manantiales, 17 aljibes. Igualmente, pone en riesgo muchísimas quebradas, cauces, nacederos que son tributarios de ríos como el Opia, Chipalo, Alvarado, Totate que a su vez tributan el río Magdalena.

Así mismo, alzamos nuestra voz para rechazar y exigir el retiro y cancelación de los proyectos ecocidas establecidos o proyectados a establecerse en nuestro territorio. Finalmente, rechazamos, otros proyectos de extracción de minería, hidrocarburos e hidroeléctricas a los que nos oponemos por la devastación de los ecosistemas, perdida de flora y fauna, alternación en la vida cotidiana, contaminación de suelos, agua y aire.

1. Exploración y explotación de hidrocarburos en bosques de Galilea (Suroriente del Tolima).
2. Extracción Aurífera de oro en Ataco, Tolima.
3. Proyectos para el despojo del agua y el territorio en Natagaima Tolima.
4. La mina en gran Porvenir Líbano Tolima.
5. El relleno sanitario parque industrial Santo Domingo en Armero Guayabal.
6. La mina a cielo abierto de Payandé.
7. Proyecto regional la Colosa en Cajamarca, Tolima.
8. Miranda Gold, multinacional canadiense especializada en exploración, que hace presencia en el municipio de Fálan, con los títulos JGF-08181 de 668 hectáreas y HFL-151 de 2856 hectáreas.
9. Proyectos de exploración de hidrocarburos Vía sísmica en 3d. COR9 de la empresa Hocol con extensión de 80.000 hectáreas afectando a municipios como Purificación, Prado, Suarez, Cunday, Saldaña.
10. Proyecto VSM36 de Parex con una extensión de más de 60.000 hectáreas que afecta a Coyaima, Alpujarra, Dolores, Natagaima y Prado.
11. La expansión desaforada de proyectos de monocultivo de aguacate por parte multinacionales chilenas sobre el Cañón de Anaime, ubicadas por encima de la frontera agrícola, en la Reserva Forestal Central e incluso dentro del Parque natural Regional Anaime Chilí Barragán, desecando un páramo vital para subsistencia de la vida.

Estos temas recogen y priorizan las exigencias que, como ambientalistas, realizamos ante el  gobierno nacional, las cuales consideramos deben ser ajustadas a los conflictos y prioridades ambientales locales y los espacios de incidencia que se tengan en departamentos y municipios de acuerdo con las formas de movilización social que se den en cada territorio.

Los y las invitamos a una reconciliación con la Casa Grande, nuestra Madre Tierra y los territorios que habitamos, que permitirá la pervivencia digna y en constante armonía entre todas las manifestaciones de vida. Finalmente, los exhortamos al respeto por la soberanía nacional, la voz de la gente, la democracia, el estado social de derecho y aplicar el principio de precaución. Hoy cerca de 100 municipios articulados en procesos de base, junto al Movimiento Nacional Ambiental y la Alianza Colombia Libre de Fracking, unidos y solidarios, nos declaramos libres de minería contaminante y de explotación de yacimientos no convencionales, una decisión autónoma y democrática que ha sido ratificada a través de consultas populares, acuerdos municipales y la voz de un pueblo que se moviliza con el objetivo de defender el derecho colectivo al ambiente sano y la dignidad de las generaciones presentes y futuras. Solo la paz ambiental evitará la injusticia intergeneracional.