La pandemia y el confinamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, pusieron un alto a las protestas sociales que tuvieron uno de sus picos el 10 de septiembre de 2020 cuando en Bogotá, fueron asesinados 9 civiles y fueron heridos a bala otros 75 civiles inermes, víctimas de la acción de agentes de policía, que lo reseñamos en este mismo medio como una “Masacre Histórica en Bogotá por Agentes del Estado”.
Días antes se había producido el desafortunado homicidio de DILAN CRUZ, por el uso de armas letales por parte del ESMAD para el manejo de la protesta social en Bogotá.
Diferentes voces de la sociedad civil, de los medios de comunicación, generadores de opinión, de los propios partidos políticos y de diversos organismos internacionales de derechos humanos, le plantearon al Congreso de la República y al gobierno nacional, la necesidad de reglamentar y establecer controles al uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado en el tratamiento de la protesta social.
El gobierno del presidente Iván Duque, salió a respaldar el exceso en el uso de la fuerza de los agentes de policía, y mandó un mensaje de total respaldo a los procedimientos y acciones de la fuerza pública, y negó la posibilidad de un debate que llevara a la reglamentación y control del uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado, especialmente durante el tratamiento de la protesta social.
Un Estado que, teniendo el legítimo monopolio de las armas, para garantizar los derechos de todos los colombianos, no es capaz de garantizar la vida de las lideresas y los líderes sociales, las y los defensores de derechos humanos, las y los reclamantes de tierras; las defensoras y defensores de los derechos ambientales, y de las y los guerrilleros que entregaron sus armas, como corresponde en cualquier democracia.
Ahora se está convirtiendo en el verdugo, que con sus agentes estatales aplica la pena de muerte a quienes se atreven a protestar o a manifestar su inconformidad con el gobierno.
El sacar el ejército a patrullar las calles, como estrategia para el tratamiento de la protesta social, muestra el talante antidemocrático y la incompetencia para entender la complejidad de una realidad social, económica y política, acudiendo al recorte de las libertades y derechos ciudadanos, como estrategia para evitar el ejercicio de la oposición y la protesta a un gobierno que no actúa en beneficio del bien común, sino en los intereses de sus financiadores.
Es una verdadera provocación para la ciudadanía ver como el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, propuso gravar con el IVA a los productos de la canasta básica de alimentos, los servicios públicos y hasta los funerales en época de pandemia; propuso ampliar la base gravable del impuesto a la renta para poner a pagar impuestos a la clase media golpeada y empobrecida por la pandemia, y así poder mantener los privilegios de los sectores económicos más ricos; y al mismo tiempo en la otra esquina, ver al señor Bruce Mac Master presidente de la ANDI, en nombre de los empresarios, manifestándole al gobierno que les suspendieran a los empresarios las exenciones fiscales y beneficios que el actual gobierno les dio en la reforma tributaria del 2019, por 5 años para no causar más malestar social y aliviar la situación del 41% de la población que quedó en la pobreza.
Es increíble que tienen más sentido de la equidad y la solidaridad social los empresarios, que el gobierno actual que está aprovechando la pandemia para aplicar las recetas del Banco Mundial y el FMI en favor de los negocios de los más ricos del planeta. Las protestas son una legitima respuesta a un gobierno clientelista, nepotista, derrochón, indolente y autista, que se ha dedicado de manera sistemática a debilitar la institucionalidad democrática para favorecer sus abusos en el ejercicio del poder.
Razones para protestar
Nunca un gobierno había generado tantas dudas sobre su idoneidad y falta de competencias democráticas como el que dice dirigir el presidente Iván Duque. Su partido de gobierno se ha dedicado a debilitar la precaria institucionalidad para poder mantenerse en el poder en el año 2022.
Acabaron por sepultar la escasa credibilidad que teníamos los colombianos sobre una justicia que mantiene una impunidad del 98% y que ahora tienen una Fiscalía General de la Nación de bolsillo del presidente y su partido, que se dedicó a absolver a los amigos del centro democrático, incluido su máximo dirigente del partido de gobierno; pero también se han dedicado a perseguir a los contradictores del gobierno. Es absolutamente preocupante que entre Néstor Humberto Martínez y Francisco Barbosa, hayan convertido la Fiscalía, en el DAS de la época de los dos gobiernos de Álvaro Uribe.
Decidieron cooptar a la Contraloría, para poder ejecutar los presupuestos públicos sin ningún tipo de recato y sin ninguna posibilidad de que sean investigados por sus abusivos y manilargos manejos.
Para resolver la grave situación humanitaria que se vive en Colombia, cooptaron y desnaturalizaron a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría, de esa manera ya no se podrán presentar denuncias sobre violaciones de derechos humanos, porque los organismos encargados de su defensa y promoción, están al servicio del partido de gobierno y sus aliados. De esta manera en Colombia ya no hay masacres, sino homicidios colectivos.
Adelantaron una reforma que Reforma la Registraduría y la vuelve botín de casa del partido de gobierno y las cuestionadas elites regionales aliadas del gobierno. Con esa reforma que debe caerse en el control de constitucionalidad, se derriba la escasa credibilidad y confianza que tiene el régimen electoral colombiano.
Señor presidente los que protestamos, estamos preocupados por la exagerada desinstitucionalización, cooptación y concentración indebida de los poderes públicos, por parte de su partido de gobierno. Salimos a las calles a defender las instituciones democráticas, el derecho a disentir, a estar en desacuerdo con la impunidad, la corrupción, el autoritarismo y el abuso de la autoridad en contra de los derechos de los ciudadanos de bien.
Finalmente, es necesario recordar que el paro es un síntoma, no es la enfermedad, y para superar esta compleja realidad que se expresa en Colombia y en muchos lugares del mundo; el único antídoto es EL DIALOGO, Y LA CONCERTACIÓN. No se demore mucho en retirar del congreso la reforma a la salud, que busca convertirla en un negocio para los grandes capitales y las aseguradoras; y va en contravía del derecho constitucional a la salud como un bien público. Los muertos y las afectaciones a la economía que se ocasionen en las protestas para tumbar esa NEFASTA REFORMA A LA SALUD, estarán en su conciencia y responsabilidad.
La democracia es mucho más que la elección de gobernantes, es un sistema en el que se pueden dirimir los diversos conflictos sin eliminar al diferente o al adversario. Donde es posible la alternancia en el poder, donde se garantizan las libertades y derechos de todo los ciudadanos y las ciudadanas, incluso los que no están a favor de los gobernantes y son su oposición y ejercen el derecho a la protesta.
Se consolida la pena de muerte para la protesta social en ColombiaMiguel Antonio Galvis, Consultor Social y Político Independiente.
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