Por: Congreso de los pueblos
Al genocidio que se ha incrementado durante este gobierno autoritario se suman el desastre por el manejo de la pandemia y la crisis humanitaria, que dejan un panorama con más de 60 mil muertos, una economía para el beneficio del sector bancario y empresarial, el escalamiento de la guerra, el incremento del acción paramilitar, el terrorismo de estado, el asesinato sistemático de más de 1200 líderes y lideresas sociales en los últimos cuatro años y el asesinato de más de 254 firmantes del proceso de paz.
En ese contexto, el gobierno de Iván Duque afianza su política de persecución y exterminio a la oposición política y a los procesos que construyen alternativas de país en los territorios. El uso de prácticas sociales genocidas no solo se enfoca a la eliminación física del liderazgo social y popular, sino en la combinación de modalidades como la amenaza, el desplazamiento, el atentado, la criminalización, judicialización y encarcelamiento, entre otras acciones orientadas a la aniquilación parcial o total de los procesos organizativos que, en los territorios, resisten ante la imposición de un modelo neoliberal de muerte y despojo.
Como movimiento social y político, venimos denunciando desde hace varios años el ataque directo y sistemático contra los procesos en todo el país, a través de la judicialización y pérdida de la libertad de los liderazgos regionales y nacionales. Desde el 2002, el uribismo y la mafia construida en las propias bases del Estado ha perseguido y encarcelado a más de cien líderes y lideresas sociales y ha judicializado a más de 250, muchos de ellos con procesos penales vigentes. Hemos denunciado estos montajes judiciales y el abuso del aparato de justicia; sin embargo, esta práctica genocida no para, por el contrario, los organismos de control y defensa de los derechos humanos no cumplen su función de ser independientes del gobierno ni de ser garantes de los derechos de las comunidades; tal y como sucede con la Fiscalía General de la Nación, que actúa como un apéndice del gobierno nacional y se mueve bajo sus políticas de represión y criminalización al movimiento social y popular.
En este escenario, continúan las agresiones a nuestro movimiento, que ha padecido en los últimos tres meses la detención y judicialización de seis de sus más importantes líderes regionales y, ahora, afronta una amenaza de privación de la libertad de una de las más destacadas y comprometidas activistas de Derechos Humanos, lideresa social y popular, ambientalista y dirigente del Congreso de los Pueblos, la compañera Erika Isabel Prieto Jaime, quien ha sido una permanente defensora de la vida, los territorios y es reconocida por su participación comprometida durante más de una década en los procesos de movilización del país.
Alertamos al país, a las organizaciones defensoras de derechos humanos, al movimiento social y popular, a los partidos políticos y a la comunidad internacional ante una posible detención y judicialización de la compañera. Igualmente, hacemos responsable al gobierno nacional ante cualquier situación que deje en riesgo su vida e integridad. Llamamos a sumar voces para exigir al Estado colombiano que cese la persecución a las organizaciones y brinde las garantías para seguir buscando un país para la vida digna
SER LÍDER O LIDERESA SOCIAL NO ES DELITO
