Mary Lawlor, Relator Especial de la ONU sobre Defensores de Derechos Humanos, hace un llamado a Brasil para investigar debidamente el asesinato del defensor del derecho a la tierra Fernando dos Santos Araújo, testigo clave y sobreviviente de la masacre de trabajadores rurales de 2017 en la región amazónica de Brasil.
Por Elena Rusca (desde Ginebra)
Fernando dos Santos Araújo, que había testificado en la investigación penal sobre el homicidio policial de 10 trabajadores que ocupaban tierras en Pau D’Arco, fue encontrado muerto a tiros en su casa en el estado de Pará el 26 de enero de 2021. Había dicho a organizaciones locales de derechos humanos que recientes amenazas de muerte en su contra.
“El hecho de que otro defensor de derechos humanos haya sido asesinado en el estado de Pará, incluso después de la masacre de Pau D´Arco en mayo de 2017, muestra un patrón de impunidad preocupante”, dijo Lawlor.
El abogado de derechos humanos José Vargas Sobrinho Junior, que representó a dos Santos Araújo, ha sido amenazado por sus esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas por los asesinatos en Pau D’Arco. Vargas Sobrinho también se ha enfrentado a una campaña de difamación por parte de los medios de comunicación locales y los grupos de mensajería desde principios de año.
“A pesar de las constantes amenazas e intimidación por parte de actores locales, tanto el Sr. dos Santos Araújo como el Sr. Vargas Sobrinho continuaron hablando valientemente en nombre de los sobrevivientes y exigiendo justicia para las víctimas de la masacre”, dijo Lawlor.
Aunque ha habido algunos avances en la investigación de Pau D’Arco, muchas preguntas siguen sin respuesta. “La investigación de los responsables del crimen no se ha completado y los oficiales presuntamente involucrados en el crimen han sido reintegrados a sus funciones y siguen activos”, dijo Lawlor.
La experta de la ONU declaró que también le preocupa la falta de protección de Vargas y otras víctimas y testigos de la masacre, así como la ausencia de reparación y apoyo a las familias.
“Investigar y proteger debidamente a los defensores de derechos humanos que promueven y protegen los derechos de otras personas debe ser una prioridad para el Gobierno. Si un asesinato tan trágico permanece en la impunidad, sentaría un precedente preocupante para la defensa de los derechos humanos en la región y en el país en general”.
El llamamiento del experto ha sido respaldado por el Sr. David R. Boyd, Relator Especial sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente.
Informó Elena Rusca, desde Ginebra
