El pasado 30 de noviembre 50 Congresistas le pidieron a Iván Duque suspender pilotos de fracking en Colombia a través de una carta. Esto, debido a los serios cuestionamientos sobre su carácter científico y la limitada participación de las comunidades, y hasta tanto no se discutan en el Congreso los proyectos de ley que buscan su prohibición.
Es importante resaltar que, ni el senador Miguel Barreto, actual y único senador del departamento del Tolima, ni los representantes a la cámara, suscribieron la carta.
Aunque existen análisis técnicos, estudios y posturas de académicos que rechazan este tipo de prácticas extractivas debido a los severos impactos que causan a los ecosistemas, en especial a las aguas, el partido de gobierno, como sus aliados, defienden férreamente la implementación de los proyectos pilotos de investigación integral de Fracking en el territorio Nacional.
Contrario a lo que planteaban en sus discursos de campaña en los que atacaban férreamente este tipo de prácticas, como lo hizo el mismo presidente Ivan Duque, vemos cómo olvidan todas sus promesas de campaña y en lugar de apoyar a las comunidades y ayudar a proteger el ambiente, defienden los intereses de las empresas extractivistas. La perversidad los lleva a afirmar incluso que: «ésta es la única salida capaz de sacarnos de la crisis que dejó el COVID 19”.
Los representantes del Tolima no se quedaron atrás. Mientras congresistas como Ricardo Ferro, del centro democrático, aprueban abiertamente la técnica del fracturamiento hidráulico o fracking, otros como José Elver Hernández «Chocó», Adriana Magali Matiz, guardan silencio cómplice y se distancian cómodamente de éstos debates, aunque claramente sabemos cuál es su postura al respecto. Los demás congresistas del Tolima también brillan por su ausencia y falta de compromiso real con los temas ambientales. Sólo aparecen en vísperas electorales y campañas de posicionamiento político.
Les falta a nuestros gobernantes y representantes mayor coherencia con las necesidades de las comunidades, un mayor trabajo en temas como el agrícola, el impulso de economías sostenibles y sustentables con el ambiente y no responder a intereses privados propios de la captura corporativa en la que está inmersa en la actualidad el estado Colombiano.
