Más de 60 personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente se dieron cita los días 4 y 5 de noviembre en el Foro de Personas Defensoras del Medio Ambiente en América del Sur. El evento, realizado en línea, ofreció un espacio para analizar la situación de la defensa ambiental en la región, así como para el intercambio de experiencias, buenas prácticas y recomendaciones en torno al ejercicio de esta labor en un entorno seguro.
Por Elena Rusca, (desde Ginebra)
Las jornadas contaron con la participación de defensoras y defensores del medio ambiente, así como representantes de la sociedad civil de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, además de defensores invitados de Colombia, Honduras y Guatemala, entre otros.
Organizado por la ONU Derechos Humanos en América del Sur (ACNUDH), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), el evento también contó con el apoyo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Protection International (PI), Global Witness, e International Land Coalition (ILC).
El Foro fue inaugurado con palabras de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien consideró el encuentro como una oportunidad para generar avances en la protección del medio ambiente y de los derechos humanos de quienes lo defienden. “El rol de estos defensores en nuestras sociedades es fundamental. Sus convicciones y labor contribuyen de manera muy poderosa a la protección y promoción de los derechos, así como para el desarrollo, la paz y la seguridad”, comentó Bachelet.
La Directora Ejecutiva de PNUMA, Inger Andersen, destacó la valentía con que las personas defensoras del medio ambiente realizan su labor, que se ha visto impactada por un contexto global de crisis, incluida la de COVID-19. “La pandemia está ligada a la naturaleza. La COVID-19 es parte de las tres crisis planetarias que enfrentamos: del clima, la biodiversidad y la contaminación. Estas crisis demuestran cuán relevante es promover un mundo natural saludable donde todos podamos prosperar con dignidad”.
En tanto la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, se sumó al reconocimiento de las personas defensoras y destacó particularmente la labor de las mujeres, líderes indígenas y de zonas remotas por la defensa del ambiente en la región. Además, urgió a adoptar un “enfoque de tolerancia cero” respecto a los asesinatos y violencia contra defensores, como también políticas para su protección y empoderamiento. “Si queremos defender el ambiente debemos partir por proteger a quienes lo defienden”, señaló.
Desafíos y ejes prioritarios
En el evento, las y los participantes identificaron líneas de acción con énfasis en la protección a personas defensoras del ambiente. El Foro también permitió difundir estándares y mecanismos de derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas, y marcos de alcance regional como el Acuerdo de Escazú sobre el acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales.
El Acuerdo de Escazú
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de la región y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
El objetivo del presente Acuerdo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
La crisis de la COVID-19 evidencia claramente el riesgo catastrófico que existe en un mundo cada vez más globalizado: una respuesta escaza exige una acción preventiva inmediata, ambiciosa y basada en pruebas empíricas a escala internacional.
Asimismo, se necesita un enfoque de la crisis de la COVID-19 basado en los derechos humanos para abordar sus impactos desiguales en las personas pobres, vulnerables y marginadas y sus factores impulsores subyacentes, como la degradación ambiental.
El foro
La primera jornada incluyó un panel sobre la mirada regional y local de la defensa de los derechos ambientales, con participación de defensores ambientales de Brasil, Perú, Colombia y Honduras. Luego, la Relatora de la ONU sobre defensores y defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, junto al Relator de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente, David Boyd, analizaron la situación de las personas defensoras de derechos humanos y el medio ambiente de América del Sur en el contexto global.
El segundo día se estructuró en mesas de trabajo para analizar situaciones de riesgo, la prevención y protección de las personas defensoras y estrategias para la defensa del medio ambiente en cuatro ejes: jóvenes por el medio ambiente; actividades extractivas y territorios; género y activismo medioambiental; y la defensa del ambiente en áreas urbanas.
Al cierre, y con base en los principales asuntos discutidos durante el Foro, se sistematizaron algunas conclusiones como la importancia la articulación entre redes de defensores ambientales a nivel nacional y regional; el fortalecimiento de las capacidades de las propias comunidades para defender sus derechos; y la necesidad de implementar marcos efectivos para la protección de la vida y la integridad de las personas que ejercen la defensa ambiental, entre otros temas prioritarios.
Las conclusiones del Foro serán recopiladas en un documento que servirá como herramienta de consulta e integrará recomendaciones de los mecanismos de protección de las Naciones Unidas en la materia[1].
[1] Lee el informe : “Los derechos humanos, el medio ambiente y la COVID-19”, https://acnudh.org/load/2020/11/HRESP.pdf
Informó Elena Rusca, desde Ginebra
