La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó este viernes a las autoridades bolivianas y a actores políticos y sociales, a abstenerse de cualquier acción que pueda socavar el desarrollo pacífico de las elecciones generales que se celebrarán este domingo, 18 de octubre 2020.
Por Elena Rusca (desde Ginebra)
A la luz de la crisis política y de derechos humanos desencadenada durante el anterior intento de llevar a cabo estas elecciones hace un año, Bachelet expresó su esperanza de que los comicios del domingo se desarrollen de manera pacífica, participativa e inclusiva, en un ambiente que garantice el respeto de los derechos humanos de todas las personas en Bolivia.
“Saludo la determinación del pueblo boliviano de participar en las elecciones. Todos deberían poder ejercer el derecho al voto en paz, sin intimidaciones ni violencia. Estas elecciones representan una oportunidad para avanzar en los frentes social y económico, y para disminuir la extrema polarización que ha afectado a Bolivia en los últimos años”, dijo Bachelet.
La Alta Comisionada expresó su profunda preocupación por el lenguaje incendiario y las amenazas proferidas por algunos actores políticos en las últimas semanas, así como por el creciente número de agresiones físicas registradas.
“Es esencial que todas las partes eviten nuevos actos de violencia que puedan desencadenar enfrentamientos”, afirmó la Alta Comisionada. “Nadie quiere que se repitan los acontecimientos del año pasado, que dieron lugar a vastas violaciones y abusos de los derechos humanos -entre los que se cuentan por lo menos 30 muertos y más de 800 heridos- y que, en última instancia, todos pierdan”.
En Bolivia hay un ambiente para generar violencia y confusión.
El año pasado, el 28 de noviembre 2019, el gobierno transitorio creó una Unidad Policial Antiterrorista (el Centro Especial Antiterrorista). Eso porque, tras los conflictos sociales, ellos plantean la tesis de que habría grupos liderados por extranjeros en Bolivia, provocado de esta forma una estigmatización de las movilizaciones sociales.
La masacre de Senkata es justificada por el gobierno interino por cuanto habrían sido “terroristas” los que se habrían estados movilizados en ese entonces.
El mismo expresidente morales, está siendo procesado por terrorismo y sedición, lo que comprobaría la tesis del gobierno interino.
Eso cuestiona un grave problema, porqué la categoría de terrorismo, a nivel mundial, es muy vaga, y, de esta forma, muy mal utilizada.
Además, en los últimos das hay un viaje muy polémico por la forma, el uso de la policía y tipo de declaraciones del ministro del gobierno interino, Arturo Murillo, una de la persona que comanda toda la represión contra los líderes políticos de Evo Morales.
Arturo Murillo realizó una reunión con la OEA (Organización de los Estados Americano), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Estados Unidos durante las últimas semanas.
A su regreso, admitió haber hecho, por cuenta del gobierno interino, una compra millonarias de armas, y afirmó que “quienes quieran convulsionar el país, se deberían preocupar, ya que las fuerzas del orden actuarán”.
“Si el señor Montaño está preocupado porque nuestra Policía se está armando para cualquier conflicto, que se preocupe, que se preocupe, nosotros no vamos a permitir que la democracia entre en juego, la democracia se la va a respetar al precio que tenga que ser, no vamos a permitir tener a nuestro pueblo en vilo nuevamente”, advirtió Arturo Murillo.
El riesgo de un golpe de estado militar si ganaría el Movimiento Al Socialismo (MAS) desafortunadamente no parece solamente un simple cuento de ciencia ficción.
En el mientras, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos había desplegado una misión a Bolivia en noviembre de 2019[1].
La misión está permaneciendo en el país para supervisar e informar sobre cualquier violación y abuso de los derechos humanos, incluso en el actual contexto electoral.
[1] El informe completo: https://www.ohchr.org/Documents/Countries/BO/OACNUDH-Informe-Bolivia-SP.pdf
Informó Elena Rusca, desde Ginebra
