Todo empezó el 18 de octubre de 2019. El alza de las tarifas del metro fue la ‘gota que rebalsó el vaso’, la población chilena se solidarizó con los y las estudiantes para exigir cambios: pensiones justas, trabajos formales, salud pública, educación gratuita y de calidad. A un año del estallido, las represiones y el terrorismo de Estado no dejan de aumentar.
Por: Elena Rusca (desde Ginebra)
“Creemos que la política de violación masiva, grave y sistemática de los derechos humanos implementada por el Gobierno para enfrentar y neutralizar el legítimo ejercicio de la protesta social a partir de octubre pasado, no ha terminado y aún no comenzamos ese tránsito hacia la paz social”, denunció, el 8 de octubre, ante la Comisión de derechos humanos del Senado, el Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), Carlos Margotta. “En efecto, las violaciones a los derechos humanos continúan ocurriendo hasta el día de hoy, como quedó demostrado el viernes pasado, cuando un joven fue lanzado al rio Mapocho por un funcionario de Carabineros en el marco de una manifestación social, lo que nos obligó a querellarnos para perseguir la responsabilidad de todos los autores de tan deleznable hecho”.
Alarmados por las fuertes represiones que nunca han parado por las calles de Chile, la CCHDH, junto a Baltasar Garzón, apoyados por la Asociación de Juristas Demócratas Italianos, la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Grupo de Intervención Jurídica Internacional (GIGI), enviaron el mismo 8 de octubre una carta[1] a la Alta Comisionada por los Derechos Humanos ante las Naciones Unidas (ACNUDH), Michelle Bachelet, solicitándole el envío de una misión de observación desde la ONU, que pueda “desplegarse por el país, informando, observando y supervisando la actuación de la policía, por 10 días, desde el 16 hasta el 26 de octubre de 2020”.
Hasta el momento muy poco ha sido hecho para preservar el respeto de los derechos humanos en Chile
“Cabe recordar que el ACNUDH en su Informe, recomendó al Estado desarrollar nuevos protocolos policiales para garantizar el uso adecuado de la fuerza, proteger el rol de los defensores de derechos humanos o crear un mecanismo de seguimiento integrado por la sociedad civil y expertos independientes, entre otras cuestiones”, siguió Carlos Margotta ante el Senado. Sin embargo, tres meses después, en marzo de este año, el representante regional del organismo, Jan Jarab, denunció que se seguían violando los derechos humanos de los manifestantes en Chile y que el Estado prácticamente no ha cumplido con ninguna de las 21 recomendaciones que el organismo le hizo al Gobierno. Y hace una semana, con ocasión del joven manifestante lanzado al rio Mapocho por un uniformado, conducta constitutiva de homicidio frustrado, el representante regional del Alto Comisionado expresó en un comunicado público, que “el caso del puente Pío Nono no es excepcional, sino que se suma a la ya extensa lista de otros 4 casos de violaciones de derechos humanos por parte de fuerzas de orden cometidas en el contexto de manifestaciones sociales, que han sido documentadas en distintos informes a nivel internacional y nacional como el de la propia Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos después de su misión en 2019, los de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, del Instituto Nacional de Derechos Humanos; e incluso después de estos informes.”
Chile, una historia sangrienta.
Chile ha experimentado una de las dictaduras más sangrientas que golpearon el continente latinoamericano: el Estado chileno es el resultado de intereses y acuerdos que toman sus raíces al interior de un conflicto: la dictadura militar. Es un “Estado político”, porque no busca detener el conflicto sino que, al contrario, busca administrarlo, incorporarlo. “Un Estado centralista, librecambista, asistencialista, centrado en la búsqueda de consensos para el statu quo, y que se vincula con los sectores sociales a través de la burocratización de la política y vaciamiento de lo político y que en última instancia siempre se ha impuesto desde las armas»[2].
Cuando al final de los años 80 el gobierno dictatorial empezaba incomodar éticamente a las empresas y al libre comercio, la “transición a la democracia” pudo resolver esta “incomodidad”.
La situación que vivimos hoy en Chile es el resultado de años de represión, y no solo militar, sino que también económica.
Mercantilización de la democracia
En Chile transformaron el concepto de cosa pública en lógicas de mercado, “creando una legitimidad que a la élite y a la sociedad le permitió vivir una apertura que funcionó, como diría Gramsci, como una democratización pasiva desde lo alto. […] Pero, como el mercado responde a lógicas del mercado y no de lo público, bastaba el devenir de una variación de las variables macrosociales (como lo llaman los expertos) para develar la fragilidad de dicho pacto social”[3].
Es así que se llegó a que el 1% de la población chilena, se lleve el 30% del Producto Interno Bruto -PIB-, cuando el restante 99% de la población tenga que trabajar para que el 1% pueda seguir otorgándole créditos.
¿Hacia dónde va el camino?
Hoy el plebiscito, hecho como está hecho, parece lejos de ser la solución para romper con este pasado, sin embargo, los abusos y las violencias tienen que pararse urgentemente, como declaró Carlos Margotta al interior del Senado: “resulta urgente un reforzamiento de la institucionalidad de derechos humanos, que incorpore el Defensor del Pueblo y a la vez, le otorgue al Instituto Nacional de Derechos Humanos, la necesaria autonomía de los Poderes del Estado tanto en la generación de su órgano máximo como en la integración del mismo”.
“Esperamos que estas garantías de no repetición no tengan que esperar para su implementación otros 30 años, porque gran parte de las razones por las cuales se ha repetido la historia reciente, es porque el sistema político no tuvo la voluntad para cumplir con estas obligaciones internacionales propias de la Justicia transicional. Esperemos que el proceso constituyente en curso, sirva para sentar las bases de una cultura del Nunca Más, a la vez que establezca normativamente los cimientos de una democracia verdadera, aquella fundada en el respeto y garantía de los derechos humanos, única forma de realizar plenamente la dignidad humana” concluyó el Presidente de la CCHDH.
Informó: Elena Rusca, desde Ginebra
[1] En anexo : la carta.
[2] Genealogía de una crisis, Instituto Patagónico de Estudios Culturales, Cristian Cepeda Oropesa, Ricardo Perez Abarca, Silvio Reyes Rolla.
[3] Geanologia de una crisis, Instituto Patagónico de Estudios Culturales, Cristian Cepeda Oropesa, Ricardo Perez Abarca, Silvio Reyes Rolla.
