Luego de los momentos de tensión que vivió el país el día de ayer durante las manifestaciones contra el abuso policial que dejaron varias personas asesinadas y decenas de heridos, se conoció un proyecto de ley que propone lineamientos para que las autoridades puedan ejercer el uso de la fuerza.
Esta iniciativa es liderada por la Alianza Verde con el apoyo del Polo Democrático, e instituye que cuando se emplee el uso de la fuerza, tendrá que hacerse bajo el respeto por los derechos humanos, además, los procedimientos deberán atender a la perspectiva de género, protección de menores y población diferencial (por ejemplo, LGTBI).
Inti Aspilla, Representante a la Cámara por Alianza Verde, quien es uno de los ponentes de esta iniciativa, manifestó: “Este proyecto de ley, es producto de años de lucha y acompañamiento a ciudadanos frente al abuso policial, fue estudiado y elaborado durante meses con el objetivo de encontrar un consenso político al momento de su presentación y trámite con los partidos de la coalición de gobierno imprescindibles para su aprobación, hoy lo presentamos a la ciudadanía antes de su radicación para que lo conozca, se apropie de él y nos ayude a defenderlo dentro del Congreso”.
Sobre la eliminación del Fuero Penal Militar para la policía, el Representante señaló que este tema debe ser objeto de un proyecto de reforma constitucional que debe ser presentado por aparte.
Bajo la premisa de que el uso de la fuerza debe ser la última instancia para el restablecimiento de la convivencia o el orden público, la policía tendrá la obligación de garantizar los procedimientos bajo lineamientos éticos, morales, físicos y psicológicos al momento de ejercer sus funciones.
“La Policía Nacional implementará una cátedra sobre el uso adecuado de la fuerza, dirigido al personal uniformado escalafonado y a los auxiliares de policía que esté prestando servicio militar en la Policía Nacional”, dice el capítulo IV de este proyecto de ley.
Dicha cátedra tendrá un componente teórico y otro práctico, y deberá contar con la participación de la ciudadanía, asimismo debe estar certificado por una institución de educación superior vigilada por el Ministerio de Educación.
Lo anterior debe ser reglamentado por el Ministerio de Defensa, El Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación en un término de seis meses una vez haya entrado en vigencia esta ley.
Estos protocolos sobre el uso de la fuerza policial tendrán seguimiento por parte del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo, a través de una mesa disciplinaria que cuente con la participación de la sociedad civil.
“El Ministerio del Interior reglamentará la materia en un término de seis (6) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley”.
Adicionalmente, se plantea reducir al mínimo los daños por cuenta del uso de la fuerza, por lo que insta a evaluar estrictamente la capacidad de hacer daño de todo tipo y así evitarlo mediante conductas disuasorias.
“Los funcionarios encargados emplearán un nivel de fuerza acorde con el nivel de resistencia ofrecido por el agresor. Salvo prueba en contrario, se presume que el poder de daño siempre será mayor por parte de los agentes del Estado”.
Igualmente, La Policía deberá realizar un informe pormenorizado en el que expliquen el uso de la fuerza, los instrumentos utilizados, armas letales o no letales empleadas y las razones por las cuales se apeló a la fuerza a partir de protocolos internacionales. Este informe será público y hará parte de la rendición de cuentas de la entidad.
La iniciativa se encuentra en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes lista para su primer debate y prohíbe el empleo de armas letales y no letales, así como agentes químicos como gases lacrimógenos, contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito.
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