El 9 de agosto fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En él mientras que en Naciones Unidas se planteaban soluciones para frenar las muertes por COVID-19 en los Pueblos Indígenas, el pueblo Mapuche era duramente reprimido, con aún más fuerza y violencia de la habitual.
Por Elena Rusca (desde Ginebra)
“COVID-19 es una amenaza crítica para los pueblos indígenas, en un momento en que muchos también luchan contra el daño ambiental causado por el hombre y la depredación económica”, declaró Michelle Bachelet, Alto Comisionado por los Derechos Humanos, por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
El COVID-19 ha afectado terriblemente a más de 476 millones de indígenas en todo el mundo.
“En las Américas, más de 70,000 indígenas han sido infectados por COVID-19 hasta la fecha. Entre ellos se encuentran casi 23.000 miembros de 190 pueblos indígenas de la cuenca del Amazonas. Se han registrado más de 1.000 muertes, incluidos varios ancianos con un profundo conocimiento de las tradiciones ancestrales. Incluyen la trágica muerte en Brasil esta semana del jefe Aritana, del pueblo Yawalapiti”, sigue el Alto Comisionado.
“En general, la pandemia destaca la importancia de garantizar que los pueblos indígenas puedan ejercer sus derechos de autogobierno y autodeterminación. También deben ser consultados y deben poder participar en la formulación e implementación de las políticas públicas que los afecten, a través de sus entidades representativas, líderes y autoridades tradicionales”, sigue Michelle Bachelet. “Se trata de salvar vidas y proteger una valiosa red de culturas, idiomas y conocimientos tradicionales que nos conectan con las raíces profundas de la humanidad”.
“La falta de aplicación de las medidas de protección ambiental durante la crisis ha dado lugar a que mineros y madereros ilegales hayan usurpado extensiones crecientes de territorios de los pueblos indígenas”, ha denunciado Antonio Guterrés, Secretario General de las Naciones Unidas.
“Numerosos indígenas han sido víctimas de amenazas y violencia, y muchos han perdido la vida. Frente a esas amenazas, los pueblos indígenas han demostrado una resiliencia extraordinaria”, sigue el Secretario General. “Hacer realidad los derechos de los pueblos indígenas implica garantizar su inclusión y participación en las estrategias de respuesta al COVID-19 y de recuperación posterior. Se debe consultar a los pueblos indígenas respecto de todas las iniciativas orientadas a reconstruir con más solidez y recuperarnos mejor”.
Wallmapu: ¿Es el COVID-19 la amenaza que enfrentan actualmente los Mapuche?
Los discursos hechos en Naciones Unidas respecto a la “amenaza” del COVID-19 hacía los pueblos indígenas no tienen mucho sentido en relación a la situación en la Araucanía.
La represión y la violencia no vienen desde este virus, sino desde otros muchos más fraudulentos: el racismo y el clasismo, quienes “bombardean” la Araucanía desde siglos.
Como no olvidar el 18 de enero 2019, cuando condenaban al Sargento Segundo de Carabineros, Cristián Rivera Silva, por lesiones graves y vejámenes en contra del adolescente mapuche Brandon Hernández Huentecol, cuando había intentado matarlo.
Hubiera intentado matar a un hijo de un rico terrateniente, el sargento habría sido condenado, pero sólo había intentado matar a Brandon.
Como si la vida de Brandon no tuviera importancia.
Hoy, la cara del Estado chileno sale de nuevo a la luz. La cara de un País racista, clasista, que diferencia el trato hacia las personas por su color de piel y su clase social.
Los derechos del pueblo Mapuche son denunciados en el Convenio 169 de la OIT. El Convenio 169 tiene dos postulados básicos:
- El derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias;
- Su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan.
Estas premisas constituyen la base sobre la cual deben interpretarse las disposiciones del Convenio.
El Convenio también garantiza el derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.
Al ratificar un convenio de la OIT, un Estado miembro se compromete a adecuar la legislación nacional y a desarrollar las acciones pertinentes de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Convenio. Asimismo, se compromete a informar periódicamente a los órganos de control de la OIT sobre la aplicación en la práctica y en la legislación de las disposiciones del Convenio y a responder a las preguntas, observaciones o sugerencias de esos órganos de control.
Chile ratificó el Convenio 169 de la OIT. Desafortunadamente no lo respeta, ni el gobierno chileno, ni su pueblo.
Estado chileno y su pueblo culpables de brutales violencias en Wallmapu.
Ironía de la suerte, las dictaduras caen pero mágicamente sus colaboradores siguen siempre en el poder. Esas son las “democracias del siglo XXI”.
El nuevo ministro del Interior, Víctor Pérez, fue pinochetista y alcalde en tiempo de dictadura. Hoy volvió al poder, enfatizando el odio racial y el clasismo en la Araucanía.
No es coincidencia que después de su visita los agricultores se sintieron con derechos de reprimir violentamente a los mapuche, y eso con el consentimiento directo de los Carabineros, así que del mismo gobierno chileno.
Pero esa tensión no empezó con Víctor Pérez.
Ya en 2015 la Agencia Nacional de Inteligencia de Chile (ANI) había elaborado un informe que analizaba los grupos de agricultores y terratenientes que se estaban organizando para defender sus tierras de las recuperaciones del pueblo mapuche. En el informe se expresaba la preocupación de Carabineros a que esa articulación inicial “pueda evolucionar hacia un grupo de naturaleza paramilitar”.
En los últimos días, los violentos enfrentamientos en la Araucanía avalan estas preocupaciones.
Entre las otras represiones, tenemos fotos y testimonios desde Puren y Lumaco, donde hubo fuertísimas represiones. “Nos dispararon a quemarropa, con perdigones de plomo, hacia niños, mujeres, viejos, mientras estábamos haciendo una manifestación pacífica en rechazo del racismo que se manifestó en Curacautin y en Victoria”, nos declara un testigo.
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“Ya señores, cuántos levantan la mano para ir, de aquí a las doce, y nos juntamos en la plaza. Necesito saber con cuántos contamos. Porque no vamos a ir diez hueones, porque nos van a sacar la cresta. Tenemos que ser por lo menos 30 o 40 personas. Con palos, porque aquí nos van a pegar. Hay que ir con palos o con lo que necesiten para defenderse. Pero la muni la tenemos que recuperar hoy día”. Este mensaje de audio, que circulaba por redes sociales, lo envió Gloria Naveillán, vocera de los agricultores de Victoria-Malleco, cuyas actuaciones públicas son permanentemente difundidas por el grupo fascista “Asociación Para la Paz y la Reconciliación de la Araucanía (APRA)”.
La ignorancia, el racismo y la brutalidad de los agricultores hacia los mapuche en la municipalidad de Victoría se recuerda también en otros hechos pasados: el 15 de enero 2019 en la Comunidad Antonio Calbun, ciudad de Victoria, un grupo de agricultores dispararon contra la bandera mapuche durante una recuperación de tierra de la Comunidad. Los carabineros, aunque presentes durante el hecho, no intervinieron.
En ese entonces las familias mapuches de la Comunidad Antonio Calbun habían empezado un proceso de recuperación de tierras ocupadas por Jorge Offtester Chifferly.
Este proceso de recuperación estaba basado en decisiones legales, ya que la Comunidad tiene Título de Merced[2] de dicho territorio. Su dueño, Jorge Offtester Chifferly, estaba obligado legalmente a devolver la tierra a los mapuches.
Durante este proceso en las regiones VIII, IX y X se otorgaron 2.918 Títulos de Merced, correspondientes a 510.386,67 hectáreas. Hoy la mayoría de estas tierras, tras mecanismos legales e ilegales, ya no pertenecen al pueblo originario.
Cuando el 15 de enero 2019 la Comunidad estaba en el territorio los agricultores dispararon varias veces en contra de la bandera mapuche, los Carabineros presentes no intervinieron. Este hecho fue muy grave, porque las leyes no permiten usos ilícitos de arma de fuego, y ellos se encontraban allí justamente para hacer respetar dichas leyes.
¿Quién se beneficia de estos conflictos?
Cuando uno visita los territorios de conflictos, donde las víctimas, cuenten los que cuenten, siempre siguen siendo los pueblos indígenas, la primera cosa que salta al ojo es la inmensidad de dichos espacios: los indígenas nunca buscan a obtener toda la tierra, sino que lo necesario a vivir con sus familias.
El espacio siempre parece infinito, y cualquiera concluyera que hay espacio para todos.
Pero la realidad nos da otra respuesta. ¿Por qué?
Las tierras en la Araucanía son deseadas por los terratenientes, y las transnacionales.
En 2016 se publicaba en MapuExpress un listado de las empresas presentes en la Araucanía, empresas que, obviamente, están conocidas todavía hoy en 2020 por sus violaciones a los derechos humanos:
FORESTALES:
1.- CMPC – Forestal Mininco del grupo Matte con más de 750.000 hectáreas de plantaciones forestales en centro sur de Chile
2.- CELCO – Forestal Arauco del grupo Angelini con más de 1.200.000 hectáreas en el centro sur de Chile
3.- FORESTAL Bosques Cautín, miles de hectáreas en la Araucanía
4.- MAGASA, del empresario Mario García Sabugal, con miles de hectáreas forestales en la zona cordillerana de Cunco y Melipeuco.
ENERGÍA:
1.- ENDESA – ENEL, transnacional española – italiana con proyectos y centrales en todo el centro sur de Chile
2.- COLBÚN, del Grupo Matte, Chile, con proyectos y centrales en todo el centro sur de Chile
3.- RP GLOBAL, transnacional austriaca con proyectos en Curarrehue y Panguipulli
4.- GTD Negocios, socia de la transnacional española ENHOL, con proyecto aprobado en Curarrehue, Añihuerraqui, lugar sagrado Lof Trankura
5.- ENACON – Manuel Madrid de Chile y Transnacional Latin America Power (LAP) transnacional con capitales del multimillonario brasileño Andre Esteves y capitales estadounidenses, con diversos proyectos en Melipeuco, Cunco y Freire, incluyendo el lugar sagrado Truful Truful
6.- Electro Austral – Agua viva del empresario Isidoro Quiroga con proyecto hidroeléctrico en Collipulli
7.- Salto de Los Andes, con capitales españoles y proyecto hidroeléctrico en lugar sagrado Karilafken, comunas Freire y Pitrufquen
8.- RAKUN SPA con capitales chileno-canadienses y proyecto aprobado termoeléctrica biomasa en Freire
9.- Hidroeléctrica Doña Alicia S.A, de capitales españoles, con proyecto aprobado sobre río Cautín, comuna Curacautín
10.- Energía Llaima – Hueñivales de los empresarios Juan Claro y Said con proyecto hidroeléctrico sobre río Cautín, comuna Curacautín
11.- CONPAX y sus intentos hidroeléctricos en Cunco
12.- Comasa, termoeléctricas en comuna Lautaro
13.-Y las diversas empresas con mega parques eólicos, entre ellas Consorcio eólico-Relmu Spa, Endesa, Los Trigales spa, Piñon Blanco spa, San Gabriel Spa, Ener-Renova (español), que hoy invaden diversas zonas de la Región como Collipulli, Renaico, Ercilla, entre otras.
ACUICOLAS – PISCICULTURAS SALMONERAS:
Novatec S.A., Aquasmolt Limitada, Landcatch Chile Sa, Captren S.A., Aquasur Fisheries Soc., Troutlodge Chile S.A., Los Fiordos (Agrusuper – SUPER SALÓN) Limitada., River Salmon S.A., Cultivos Marinos Chiloé S.A., Compañia Salmonifera Dalcahue Limitada, Salmones Antártica S.A, Inversiones Aqua Spa, Salmones Bio Bio S,A., Invertec Pesquera Mar DE Chiloé, Aquachile S.A., Marine Harvest Chile S.A, Salmones Multiexport S.A., Salmones Multiexport Ltda., Gentec S.A.; Y Trusal, entre varias otras que mantienen más de 80 centros de pisciculturas en la Araucanía y varias son parte de la grave contaminación en la Región de Los Lagos – Chiloé.
Demasiados son los intereses económicos en la región de la Araucanía.
Hacía que estos no se hagan públicos, no se discuten, la soluciones eliminaran solamente la punta del iceberg, y no su base.
Elena Rusca, Ginebra, 11.08.2020
[2] Los Títulos de Merced fueron otorgados a los mapuches una vez que el Estado chileno concluyó el proceso de ocupación militar de la Araucanía. Estos títulos se entregaron en virtud de la Ley del 4 de Diciembre de 1866 por la Comisión Radicadora de Indígenas, en las provincias de Bio Bio, Arauco, Malleco, Cautín, Valdivia y Osorno, iniciándose la titulación en 1884 y terminando el proceso en el año 1929.
