Más de 130 días completan los trabajadores de este sector con sus vehículos estacionados. Esto, debido a la decisión de las instituciones educativas del departamento de no retomar las clases presenciales para prevenir la propagación del Covid-19.
A raíz de esta situación, Juan Carlos Arévalo, vocero de este gremio, manifestó su preocupación ante la dura situación que atraviesan como conductores, debido a que dependen del pago que hacen los padres de familia y planteles educativos.
«Estamos olvidados por el Gobierno Nacional. No podemos aspirar a ningún subsidio. Dependemos del pago de los padres de familia y para este año no tenemos esperanzas de retornar a nuestras actividades», aseguró Arévalo.
Además, precisó que del oficio que desempeñan los conductores escolares y de servicios especiales en Ibagué, dependen alrededor de seiscientas familias, encontrándose muchas de estas en bancarrota al no tener otro medio de empleo.
Por otro lado, el dirigente se refirió al tema de las pólizas, las cuales se encuentran a punto de vencer y son necesarias para que los conductores puedan operar, y que además de ser costosas no encuentran sentido de renovarlas para tener los vehículos estacionados.
Finalmente, este sector solicitó al Gobierno Nacional incluirlos en un plan de alivio y que se aplace la chatarrización de los vehículos que llevan más de 20 años ofreciendo servicio.