El relator especial de la ONU sobre el derecho a la salud física y mental, Dainius Pūras instó a los Estados, la sociedad civil, las organizaciones psiquiátricas y la Organización Mundial de la Salud a cambiar la forma en que entendemos y respondemos a los desafíos de salud mental.
Por Elena Rusca (desde Ginebra)
«Agradezco el reconocimiento internacional de la salud mental, pero aún se necesita mucho más», dijo el relator especial de la ONU sobre el derecho a la salud física y mental, Dainius Pūras, durante la presentación de un nuevo informe a la sesión 44 del Consejo de Derechos Humanos.
«El statu quo global de la salud mental debería alejarse del enfoque anticuado» loco o malo «que busca prevenir comportamientos considerados como» peligrosos «o proporcionar un tratamiento considerado» médicamente necesario «sin consentimiento», dijo.
Pūras dijo que el dominio del modelo biomédico ha resultado en un uso excesivo de medicalización e institucionalización. Advirtió contra los beneficios exagerados de los medicamentos psicotrópicos y destacó que su efectividad no es comparable a otros medicamentos que son esenciales para ciertas afecciones físicas, como por ejemplo, antibióticos para infecciones bacterianas.
«Aprecio el progreso realizado para comprender el papel de los medicamentos psicotrópicos, pero también reconozco que no hay marcadores biológicos para las condiciones de salud mental», dijo. Por lo tanto, «los mecanismos específicos por los cuales las drogas psicotrópicas podrían ser efectivas son simplemente desconocidos «, dijo el Relator Especial.
Pūras dijo que el status quo en la atención de la salud mental ha ignorado el contexto social, político o existencial que contribuye a la alta prevalencia de sentimientos de tristeza, ansiedad, miedo y otras manifestaciones de angustia mental.
«No existe una solución mecanicista simplificada para la angustia mental», dijo. «Para la mayoría de las afecciones de salud mental, las intervenciones psicosociales y otras intervenciones sociales son la opción esencial para el tratamiento».
Destacó que los obstáculos sistémicos, como las asimetrías de poder en la atención de la salud mental, el dominio del modelo biomédico y el uso sesgado del conocimiento, deben abordarse mediante cambios en las leyes, políticas y prácticas.
El experto de la ONU reiteró su llamamiento para que la acción y la inversión en el cuidado de la salud mental se redirijan a apoyos basados en los derechos, a alternativas no coercitivas que aborden los determinantes psicosociales de la salud, y al desarrollo y fortalecimiento de prácticas no violentas, entre pares. -led, trauma-informado, liderado por la comunidad, curativo y culturalmente sensible.
«Pido una vez más la eliminación definitiva de las instituciones psiquiátricas segregadas que reflejan el legado histórico de la exclusión social, el empoderamiento, el estigma y la discriminación».
Para lograr esto, la realización de los principios y valores de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad debe guiar las políticas y servicios de salud mental, y las leyes y prácticas discriminatorias deben abandonarse.
Conclusiones y recomendaciones del informe
No hay salud sin salud mental y no hay buena salud y bienestar mentales sin adoptar un enfoque basado en los derechos humanos. Existe una necesidad urgente de invertir más en la salud mental. Sin embargo, el dinero no debería ser lo más valorado en los debates sobre la salud mundial en general y sobre la salud mental en particular. Hay un valor inherente y universal en el apoyo a la dignidad y el bienestar; además, es un imperativo de derechos humanos.
Las dos primeras décadas del nuevo milenio trajeron muchos cambios prometedores en el campo de la salud mental. La promoción de la buena salud mental se incluyó en Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y ha habido iniciativas mundiales extraordinarias para hacer avanzar todos los elementos de la salud mental mundial: la promoción, la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la recuperación.
Sin embargo, a pesar de las tendencias prometedoras, sigue habiendo una inacción mundial respecto del statu quo para hacer frente a las vulneraciones de los derechos humanos en los sistemas de atención de la salud mental. Este mantenimiento del statu quo, que refuerza un círculo vicioso de discriminación, desempoderamiento, coerción, exclusión social e injusticia, es inaceptable. Hay un cambio de tendencia en todo el mundo en cuanto a la forma en que se considera la angustia, el tratamiento y el apoyo de manera más amplia, que va mucho más allá de la comprensión biomédica de la salud mental. El statu quo mundial, sus instituciones y sus guardianes se están quedando muy atrás a medida que continúa fracturándose el consenso sobre cómo trazar la transformación que se avecina. El mantenimiento del statu quo ya no es políticamente viable, ni cumple con los derechos humanos.
El llamamiento para cerrar la brecha terapéutica se centra en gran medida en la “carga mundial de los trastornos mentales”, que se produce a expensas de los derechos humanos. Ese desequilibrio sistémico da lugar a incentivos ineficaces y a efectos sistémicos perjudiciales, lo que también socava la obligación ética de “no hacer daño”. El principal obstáculo para la efectividad del derecho a la salud mental no reside en las personas y su carga global de trastornos mentales, sino más bien en la carga estructural, política y global de obstáculos que producen los arcaicos y descompuestos sistemas de salud mental.
Esos obstáculos, las asimetrías de poder en la atención de la salud mental, el predominio del modelo biomédico y el uso sesgado de los conocimientos, deben abordarse mediante cambios en las leyes, las políticas y las prácticas. En particular, el predominio de la medicalización en las reformas de las políticas, tanto en las existentes como incluso en algunas “progresistas”, sigue enmascarando injusticias sociales más amplias que deben ser enfrentadas y abordadas por la comunidad mundial. Los movimientos de usuarios de servicios, de personas con discapacidad psicosocial, de dementes, de personas que oyen voces, que son titulares de derechos en toda su diversidad, deben estar a la vanguardia de los esfuerzos en favor de un cambio basado en los derechos. La ampliación del apoyo basado en los derechos dentro y fuera de los sistemas de salud mental existentes es muy prometedora para los cambios que se necesitan.
Hay una causa común en este mundo que cambia rápidamente. Se están produciendo importantes cambios mundiales y la crisis de la salud mental mundial tiene conexiones comunes en otras esferas del activismo en materia de derechos humanos. El autoritarismo, el neoliberalismo en su última etapa, el cambio climático, el paternalismo y el auge de los macrodatos son todos ellos riesgos presentes para el disfrute de los derechos humanos y una oportunidad para colaborar de manera solidaria a fin de repensar y reformar las estructuras sociales, económicas y políticas para asegurar un futuro sostenible, pacífico, justo e inclusivo.
El Relator Especial recomienda que los Estados:
- a) Adopten las medidas legislativas, de política y de otra índole que sean necesarias para aplicar plenamente un enfoque de la salud mental basado en los derechos humanos, con la participación inclusiva de quienes tienen experiencia a ese respecto;
- b) Inviertan en investigaciones basadas en los derechos en esta esfera para apoyar esas medidas e integrar mejor conceptualmente la aplicación y los esfuerzos sobre el terreno en favor de la reforma;
- c) Integren las pruebas de salud pública, la experiencia vivida y las investigaciones basadas en los derechos para orientar la adopción de decisiones sobre las estrategias de políticas públicas mundiales y nacionales. Esto debería incluir conceder prioridad a un cambio de rumbo de la medicalización en el desarrollo de la salud mental, la justicia penal y las reformas relacionadas con el bienestar público;
- d) Adopten medidas inmediatas para aplicar las recomendaciones formuladas en las resoluciones 32/18 y 36/13 del Consejo de Derechos Humanos sobre la salud mental y los derechos humanos;
- e) Promuevan la salud mental aumentando el apoyo financiero a programas sostenibles y transversales que reduzcan la pobreza, las desigualdades, la discriminación por todos los motivos y la violencia en todos los entornos, de modo que se aborden eficazmente los principales determinantes de la salud mental;
- f) Inviertan en servicios de salud mental que tengan en cuenta las necesidades de los niños y los adolescentes, centrados en la familia y basados en la comunidad, y evitar los incentivos financieros y de otro tipo que fomentan el internamiento en instituciones, la exclusión social y el uso excesivo de medicamentos sicotrópicos;
- g) Promuevan los principios de un envejecimiento saludable y el respeto de los derechos de las personas de edad a vivir en la comunidad, y establecer medidas, incluido el fortalecimiento de la fuerza de trabajo, para poner fin al diagnóstico excesivo y al uso excesivo de medicamentos psicotrópicos.
El Relator Especial recomienda que las organizaciones que representan a la profesión psiquiátrica, incluidas la medicina y la psiquiatría académicas:
- a) Establezcan firmemente los derechos humanos y la justicia social como valores fundamentales al promover las intervenciones en materia de salud mental;
- b) Modernicen la educación médica e integrar la salud mental y los derechos humanos en la educación y la investigación médicas, prestando especial atención a la necesidad de reducir radicalmente la coacción, la medicalización excesiva, la institucionalización, todas las formas de discriminación contra las personas con problemas de salud mental y otras vulneraciones de los derechos humanos;
- c) Pongan fin al rechazo de las iniciativas de apoyo alternativas basadas en los derechos que no son coercitivas y generar más diálogo sobre cómo pueden ser también parte del cambio.
El Relator Especial recomienda que la Organización Mundial de la Salud colabore con los Estados mediante la cooperación y la asistencia internacionales para dar prioridad al siguiente conjunto de estrategias basadas en los derechos:
- a) Apoyar la elaboración de principios y prácticas óptimas para aplicar un enfoque basado en los derechos en las políticas y servicios de salud mental;
- b) Ofrecer apoyo para la reforma de las leyes y las prácticas discriminatorias en materia de salud mental, entre otras cosas mediante una ampliación de la iniciativa Calidad y Derechos;
- c) Revisar la actual lista de medicamentos esenciales para la salud mental (núms. 24.1 a 24.4), con miras a eliminar aquellos para los que no hay pruebas de un perfil adecuado de riesgo/beneficio;
- d) Apoyar la elaboración de una nueva lista holística de intervenciones esenciales psicosociales y comunitarias que estén fundamentadas en pruebas, apoyadas y desarrolladas por principios participativos y basados en los derechos y que puedan orientar más adecuadamente a los Estados hacia el pleno cumplimiento del derecho a la salud;
- e) Garantizar la coherencia de las medidas en materia de derechos humanos en toda la amplia cartera de trabajo de la OMS para garantizar que los principios y valores de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el derecho a la salud consagrados en la Constitución de la OMS sustenten y orienten toda la labor de asistencia técnica, incluida la elaboración de normas, mediciones y directrices mundiales sobre salud mental.
Salud Mental y COVID-19
La pandemia de COVID-19 ha expuesto décadas de negligencia y falta de inversión para abordar las necesidades de salud mental de las personas.
“COVID-19 ha exacerbado las fallas del status quo en la atención de salud mental. La pandemia brinda a la comunidad mundial una oportunidad única de demostrar voluntad política para alejarse de la medicalización e institucionalización en la atención de la salud mental”, dijo el Relator Especial.
Consulta todo el informe : https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/094/48/PDF/G2009448.pdf?OpenElement
