El pasado 1 de julio, luego de la reapertura de los despachos judiciales, 20 congresistas de distintas bancadas y la Alianza Colombia Libre de Fracking, radicaron ante el Consejo de Estado un incidente de desacato argumentando que el Gobierno Nacional no está cumpliendo con las condiciones dadas por el Alto Tribunal para avanzar con los proyectos pilotos de investigación integral de fracking – PPII, lo cual se materializa en el Decreto 328 expedido por el Gobierno del Presidente Iván Duque.
En la acción interpuesta se argumenta que el Decreto 328 incumple las condiciones dadas por el Consejo de Estado por las siguientes razones:
1) No incorpora los pasivos ambientales (impactos ambientales no resueltos/no compensados) que ha generado la industria de los hidrocarburos en los Yacimientos Convencionales.
2) No contempla un plan de acción concreto para desarrollar las capacidades y el fortalecimiento institucional.
3) No observa los estándares legales para garantizar integralmente la transparencia y el derecho de acceso a la información.
4) No establece una disposición que regule el concepto de licencia social y la forma en que esta se otorga por parte de las comunidades locales.
5) No contiene una estrategia de gestión del riesgo en los términos de las recomendaciones del Comité de Expertos.
6) El decreto contiene disposiciones que no garantizan el carácter científico de los Proyecto Piloto de Investigación Integral.
“Mientras el Gobierno Nacional sigue avanzando con la reglamentación de los proyectos pilotos y tal como lo hicimos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, seguiremos alertando a las autoridades correspondientes y a la opinión pública de este avance silencioso en medio de la pandemia, que no permite que las comunidades tengamos acceso a la justicia ni a la información”, manifestó la Alianza Colombia Libre de Fracking.
Los Congresistas firmantes del desacato, afirmaron: “Esperamos que el Gobierno Nacional siga el ejemplo reciente del Reino Unido, donde se le ha puesto fin al fracking en todo su territorio.” Además, solicitaron al Presidente Iván Duque que “acate las decisiones judiciales que implican cumplir con las condiciones que garanticen aplicar el principio de precaución, los derechos de las comunidades del Magdalena Medio y de los colombianos en general”.
