La Alianza Colombia Libre de Fracking radicó una “alerta” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los avances del fracking en medio de la pandemia y mientras la ciudadanía no puede acceder a la justicia ni obtener información al respecto. Esto, debido a que la rama judicial se encuentra parcialmente cerrada y el proceso en el que se declaró una moratoria judicial al fracking, en el Consejo de Estado, se encuentra suspendido.
Es importante mencionar que, este tribunal permitió adelantar proyectos piloto de fracking siempre que fueran de carácter científico, contaran con licencia social, instituciones robustas y tecnología de mínimo impacto. Sin embargo, en palabras de los ambientalistas, «el gobierno se ha burlardo sistemáticamente de estas exigencias».
Y enumeraron las ocasiones en que lo ha hecho, refieriendose a cuando el gobierno publicó su primera propuesta del decreto sobre los Proyectos Piloto en época navideña para desestimular la participación de la ciudadanía y el debate público; sumado a cuando intentó aplacar los reclamos ambientales en el paro nacional, especialmente el rechazo popular y legítimo sobre el fracking, por medio de una “conversación nacional” en la que engañó a la ciudadanía firmando el tratado de Escazú sin la voluntad política real de ratificarlo (algo necesario para que sea obligatorio)
También recordaron cuando el Gobierno Nacional emitió el pasado 12 de marzo el Decreto 385 que apenas remienda con costuras superficiales su propuesta inicial, pero que de fondo desconoce las exigencias del Consejo de Estado; y criticaron que continuara con la reglamentación de este decreto en medio de la pandemia y el cierre de los juzgados, en particular con la expedición de los términos de referencia de los Proyectos Piloto sin las condiciones de información, participación y justicia, y se encuentra desarrollando nuevas normas para avanzar con esta técnica en Colombia.
La Alianza Colombia Libre de Fracking alertó a la opinión pública sobre la gravedad de estos hechos que no solo amenazan los bienes comunes de los colombianos, sino que socavan la democracia y el Estado social de derecho.
«La crisis sanitaria actual es una expresión de la degradación ambiental del planeta y una antesala a lo que podría desatar la crisis climática en el futuro a corto, mediano y largo plazo. Solo será posible salir de esta crisis con un giro vital hacia otras formas de producción y uso de energía que se fundamenten totalmente en los principios democráticos de nuestra Constitución y de los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a quien alertamos esta situación», expresó en un comunicado la Alianza Colombia Libre de Fracking.
Y agregó: «En consecuencia, hacemos un llamado enérgico a la opinión pública a rechazar y contener estos atentados contra nuestros derechos, los de la naturaleza y los de las próximas generaciones, y exigir garantías para una transición energética justa y democrática en Colombia».
