El lunes 15, primer día de recuperación de la 43° sesión del Consejo de Derechos Humanos, fue dedicado a la presentación del informe del Alto Comisionado por los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Palestina y los demás territorios árabes ocupados.
Por Elena Rusca
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos presentó informes sobre la situación de los derechos humanos en Palestina y los demás territorios árabes ocupados para el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2018 y el 31 de octubre de 2019: asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado; la situación de los derechos humanos en el Golán sirio ocupado; y la base de datos de todas las empresas involucradas en las actividades descritas por la misión internacional independiente de investigación para estudiar los efectos de los asentamientos israelíes en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los palestinos.
“Cubriendo el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2018 y el 31 de octubre de 2019, este informe proporciona una visión general de las violaciones recurrentes del derecho internacional humanitario cometidas por Israel y por grupos armados palestinos; y las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos por parte de los tres titulares de deberes, a saber, Israel, el Estado de Palestina y las autoridades de facto en Gaza”, dijo Michelle Bachelet, Alto Comisionado por los Derechos Humanos.
“En todo el territorio palestino ocupado, el período del informe estuvo marcado por la disminución continua del espacio cívico, ya que los tres titulares de deberes continuaron restringiendo los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Se informó que muchos de los detenidos simplemente por expresar su opinión a través de las redes sociales, asistir a manifestaciones o criticar a las autoridades fueron maltratados y, en varios casos, torturados. El informe también destaca serias preocupaciones sobre el uso excesivo y persistente de la fuerza por parte de las Fuerzas de Seguridad israelíes y la continua falta de responsabilidad por tales actos”, siguió Michelle Bachelet.
Expansión de los asentamientos ilegales y bloqueo
El informe sobre los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado indica que del 1 de noviembre al 31 de octubre de 2019, la expansión de los asentamientos se aceleró en Cisjordania, incluso en Jerusalén Oriental, incluyendo la destrucción de las viviendas palestinas y el desplazamiento resultante.
El mismo informe también destaca los efectos negativos del bloqueo en Gaza, que equivale a un castigo colectivo contra la población de Gaza.
“Como los informes anteriores, el presente también subraya el impacto negativo del bloqueo y los cierres de Gaza, que continuaron restringiendo severamente el movimiento de personas y bienes dentro y fuera de Gaza, lo que constituye un castigo colectivo para la población de Gaza. Otras prácticas israelíes que pueden equivaler a castigos colectivos continuaron a un ritmo elevado y se destacan en el informe, incluidas las demoliciones punitivas, la revocación de los permisos de viaje y trabajo y la retención de cuerpos. Además de estar explícitamente prohibido por el derecho internacional humanitario, el castigo colectivo viola una serie de derechos humanos, incluidos los derechos a la presunción de inocencia, a un nivel de vida adecuado, a la salud, a la educación, al trabajo y a la vida familiar”, dijo Michelle Bachelet durante la presentación de los informes.
Durante el debate en el Consejo de Derechos Humanos, varios oradores lamentaron que algunas delegaciones se negaron a participar sobre la situación de los derechos humanos en Palestina y los demás territorios árabes ocupados, denunciando que esta actitud solo ayuda a la Potencia ocupante a continuar sus actividades ilegales.
El Estado de Palestina ha pedido a los países que boicotearon el debate que reviertan su decisión. “La potencia ocupante intensifica sus ataques contra los civiles, incluidos los niños”, denunció la delegación palestina, antes de condenar también la prohibición del trabajo de los medios en Jerusalén, la construcción continua del muro de separación racista, así como las campañas. “Continúan los arrestos a gran escala, mientras que decenas de miles de palestinos, incluidos menores, viven en cárceles israelíes, y el plan de paz presentado recientemente por los Estados Unidos no es una solución”, siguió denunciando la delegación palestina.
“La ocupación, los asentamientos, la demolición de aldeas y el desplazamiento de ciudadanos son el núcleo de la política de ocupación de Israel. Esta ocupación es metódica y similar a los crímenes de guerra; desprecia la Carta de las Naciones Unidas y esto, bajo la protección de algunos miembros de la ONU, incluido Estados Unidos”, se pronunció la delegación siria, denunciando la colusión entre Israel y Estados Unidos. “El Consejo debe continuar oponiéndose a las violaciones de derechos humanos cometidas por Israel”, insistió la delegación siria.
Una base de datos de las empresas instaladas en territorio palestino.
Además del informe sobre los asentamientos ilegales y el bloqueo, el Alto Comisionado por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó un informe relacionados a las empresas instaladas en territorio palestino ocupado, eso debido a la resolución 31/36 sobre «Asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental, y en el Golán sirio ocupado», adoptada por el Consejo el 24 de marzo de 2016.
En ese entonces, el Consejo solicitó la producción de una base de datos de todas las empresas comerciales involucradas en ciertas actividades específicas relacionadas con los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado, que luego tendrá que actualizarse anualmente por un Grupo de Trabajo que será creado específicamente por este fin.
El informe establece determinaciones fácticas para creer que 112 empresas comerciales estuvieron involucradas en una o más de las actividades enumeradas establecidas por la misión de investigación.
Aquí las actividades numeradas:
- El suministro de equipos y materiales que facilitan la construcción y la expansión de los asentamientos y el muro, y las infraestructuras asociadas;
- El suministro de equipos de vigilancia e identificación para asentamientos, el muro y los puestos de control directamente vinculados con los asentamientos;
- El suministro de equipos para la demolición de viviendas y propiedades, la destrucción de granjas agrícolas, invernaderos, olivares y cultivos;
- El suministro de servicios de seguridad, equipos y materiales a empresas que operan en asentamientos;
- La provisión de servicios y utilidades que apoyan el mantenimiento y la existencia de asentamientos, incluido el transporte;
- Operaciones bancarias y financieras que ayudan a desarrollar, expandir o mantener los asentamientos y sus actividades, incluidos los préstamos para vivienda y el desarrollo de negocios;
- El uso de recursos naturales, en particular agua y tierra, con fines comerciales;
- Contaminación, y el vertido de residuos en o su transferencia a aldeas palestinas;
- Cautiverio de los mercados financieros y económicos palestinos, así como prácticas que perjudican a las empresas palestinas, incluso mediante restricciones a la circulación, restricciones administrativas y legales;
- Uso de beneficios y reinversiones de empresas de propiedad total o parcial de los colonos para desarrollar, expandir y mantener los asentamientos.
Fueron 321 las empresas comerciales investigadas por el ACNUDH. De esta, 206 fueron incluidas en el informe, y 112 fueron listadas[1].
Las empresas que se benefician de la ocupación pueden ser cómplices en ayudar y alentar violaciones de ley. Dichas empresas pueden ser penalmente responsables de los crímenes de guerra del saqueo y la destrucción y apropiación de bienes.
“El impacto inmediato y a largo plazo de miles de lesiones sufridas en la Franja de Gaza está colocando una carga pesada sobre la comunidad ya empobrecida y las instalaciones de salud y los servicios sociales en Gaza”, concluyó Michelle Bachelet.
Sin embargo, esta situación perdura desde hace años innombrables, y, hasta el momento, los intereses económicos y políticos de los Estados han hecho que las cosas no cambiaran.
[1] Más informaciones sobre las 112 empresas: https://www.elclarin.cl/2020/02/19/onu-publica-lista-negra-de-empresas-instaladas-en-territorio-palestino-ocupado/
