Por: Luisa Fernanda Robayo Ortiz
El coronavirus es el nuevo factor decisivo en el país; no obstante, el Estado de Emergencia y el decisionismo se han convertido en el nuevo arquetipo de gobernanza en donde no sólo el resto de la estructura del poder ejecutivo ha perdido en gran medida sus márgenes de maniobra para afrontar la pandemia y con ella, la crisis social y económica que se instala a lo largo y ancho de todas las regiones, sino que también las demás ramas del poder público se han visto relegadas ante la concentración de dominio y capital político que posee Iván Duque y que cabe resaltar, el diseño institucional se los otorga.
Para entrar en contexto, luego de haber sido confirmados los primeros casos de contagio en el país, el presidente Duque sólo decretó cierres fronterizos pese a que la opinión pública exigía el cierre del aeropuerto nacional El Dorado, foco de ingreso del virus y lugar que presentaba denuncias por la ausencia de control sanitario. Recuerden ustedes que esta situación conllevó a que una gran parte de mandatarias y mandatarios de las distintas regiones del país aprobaran normas temporales de protección de manera anticipada y autónoma, las cuales se reducían a la restricción de la libre circulación mediante toques de queda, haciéndolos más estrictos para la niñez y los adultos mayores específicamente. El 23 de marzo se cerró el aeropuerto, de manera tardía, medida adoptada por presión social cuando el país sumaba 306 casos positivos a la fecha.
La respuesta del presidente Dúque y su gabinete, ante la libertad operacional que estaban teniendo las autoridades regionales, no se hizo esperar y a través del Decreto 418 del Ministerio del Interior, “por el cual se dictan medidas transitorias para expedir normas en materia de orden público”, las limitó a la consulta y aprobación de la Ministra Arango, quien en repetidas ocasiones fue polemizada por afirmaciones públicas en las que enfatizó la prioridad que merecía mantener las ciudades abiertas con el fin de proteger el flujo de mercancías antes que la prevención del contagio, lo cual develó en gran medida una ineficiente política social.
En consecuencia, este artefacto institucional que centralizó todas las decisiones futuras con respecto al COVID-19 en cabeza de la presidencia provocó un ambiente de anulación y de malestar en gobernadores y alcaldes, por lo que muchos de ellos no sólo mantuvieron sus medidas, sino que también caracterizaron tal conducta de egocéntrica e incompetente.
Aunque es cierto, estructuralmente se identifica además un gobierno que abusa del Estado de Emergencia para centralizar la administración de recursos que se recaudan en todo el país, fetichizando no sólo el dominio del potencial que existe en las regiones sino también los lineamientos que constituyen un plan de acción inadecuado por engorroso y obstaculizador para la resolución de los problemas emergentes que se presentan de manera diferenciada en los distintos territorios. Todo lo anterior, sumado al espinoso problema de corrupción que se relaciona con sus esferas y que actualmente son un foco de denuncia pública por irregularidades que burlan a los hogares más vulnerables de la población, como fue el caso del programa “Ingreso Solidario”.
En este punto, se deja en evidencia lo inoportuno del centralismo que no ha expuesto más que la falta de articulación entre gobernantes y el agotamiento de instituciones y entes nacionales como el Ministerio de Salud, el cual, aprovecha ser el único comunicador oficial de casos confirmados de contagio, recuperación y fallecimiento con dos propósitos: El primero, instalar en la opinión pública una imagen favorable del manejo sanitario de la pandemia por parte de todo el gabinete; y segundo, para que de esta forma se justifiquen las demás medidas políticas, sociales y económicas que se disponen con el desarrollo de la emergencia como lo es el actual Decreto 593, que de manera infalible expone la desigualdad social en el país y sepulta la intención de aplanar la curva para ralentizar la propagación de la pandemia.
En conclusión, esta situación refleja a toda luz un conflicto por la ausencia de legitimidad y fragilidad de las instituciones, las cuales no importan al Gobierno Nacional, configurando un Estado mortífero y necropolítico en el que de manera invisible se está seleccionando quién vive y quién muere a costa de salvaguardar la economía. En este marco veo preciso:
1. Mantener activos los escenarios institucionales desde los cuales se puede ejercer el control político y judicial como lo es el Congreso de la República, en donde desde la oposición y las bancadas no oficialistas se realicen seguimiento a los datos que está suministrando periódicamente el gabinete nacional como andamiaje que orienta las determinaciones de confinamiento, medio que sin unas medidas socioeconómicas verdaderas está afectando al grueso de la población colombiana, entendiendo que un gran porcentaje pertenece al sector informal e independiente.
2. Concentrar la atención en estos asuntos con el fin de principiar alternativas tanto políticas como jurídicas para atender todas las necesidades de los hogares colombianos, con las que se puede simultáneamente contribuir al fortalecimiento de la democracia en su sentido más puro. Cabe destacar que con ello se puede facilitar la superación de una crisis sin precedentes, lo que merece aunar el mayor de los esfuerzos.
3. Los diversos agentes políticos del país, en donde se incluyen también los movimientos políticos y sociales, deben no sólo actuar como veedores ciudadanos sino también exigir de manera inmediata compromisos básicos para ejercer la gobernanza, cuyo núcleo no esté reducido en la cabeza de la presidencia y su partido político, sino en un sistema político mucho más abierto.
4. Las ciudadanías indiscutiblemente deben asumir esta pandemia como un acontecimiento para reflexionar de manera decisiva acerca de la recuperación política que necesita el país y que, desde luego, pasa por el fortalecimiento de lo público y la defensa de los derechos sociales fundamentales como lo son la salud, el trabajo digno y la vida; proyecto de país que está en nuestras manos elegir.
