La Procuraduría General de la Nación, la Contraliría Géneral de la Republica y la Fiscalía Géneral de la Nación recolectaron pruebas en las gobernaciones de Tolima y César, los municipios de Malambo y Soledad en Atlantico, y otros 11 procesos, para definir evaluación sobre juicio disciplinario.
En los casos de las alcaldías de Malambo y Soledad, en el Atlántico, y las gobernaciones de Cesar y Tolima, así como en otros 11 procesos más, avanza la indagación preliminar para evaluación sobre posible juicio disciplinario o la apertura de investigaciones disciplinarias.
En este momento un equipo de investigadores del programa ´Transparencia por la emergencia´, de la CGR, la FGN y la PGN, se encuentra en la sede de la Gobernación de Tolima recopilando pruebas determinantes para decidir en los próximos días si se convoca a audiencia de juzgamiento disciplinario.
Juzgamiento disciplinario durante el estado de excepción
Por primera vez en la historia, la PGN citó a audiencia de juzgamiento disciplinario, mediante el procedimiento verbal en estado de excepción, a un funcionario. Se trata de la alcaldesa de El Socorro, Santander, Claudia Luz Alba Porras Rodríguez, por presuntas irregularidades en la celebración de dos contratos por más de $325 millones de pesos. De acuerdo con lo establecido en la Ley 137 de 1994, este es un procedimiento rápido o expres que podría tomar días.
Se investiga un aparente sobrecosto en un primer contrato por $200 millones para la entrega de mercados a 2.000 familias del municipio, y aparentes irregularidades en un segundo contrato, celebrado con la esposa del primer contratista, por más de $125 millones para el apoyo a la atención del adulto mayor vulnerable en la modalidad centro vida, a través de la Corporación Rayos de Esperanza, creada 30 días antes de la celebración del contrato.
También fue citado a audiencia de juzgamiento disciplinario el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por presuntas irregularidades en el contrato para la realización de eventos y actividades artísticas en el municipio de Cravo Norte, por $570 millones. Fue suscrito el 14 de abril de 2020, sin que, al parecer, se hubiera tenido en cuenta la emergencia sanitaria por el covid-19. Al gobernador se le reprocha la presunta violación al principio de planeación y de transparencia, que comporta el deber de selección objetiva y de responsabilidad de la contratación estatal.
En otro proceso, también contra el gobernador de Arauca, se abrió investigación y se vinculó a los secretarios de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Luis Medardo Tovar Altuna; de Desarrollo Social, Carolina Muriel Zea; al gerente de Contratación, Heivind Palomino Gutiérrez, y al profesional universitario coordinador de gestión del riesgo del departamento, Edwar Enrique Portillo, por presuntos sobrecostos en la contratación de paquetes alimentarios para 33.437 familias del departamento por $4.463.379.180.
También se llamó a juicio disciplinario al alcalde de Guaduas, Cundinamarca, Germán Herrera, por presuntos sobrecostos en dos contratos, por $560 millones de pesos, para el suministro de mercados y elementos de aseo, presunta falta de idoneidad del contratista y productos incompletos o sin el gramaje completo.
